La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) calificó como “un negocio privado financiado con fondos públicos” al sistema de vouchers de salud anunciado por el Gobierno del presidente Javier Milei.  

De esta forma se expresó la organización sindical al anuncio realizado el lunes pasado por el ministro de Salud, Mario Russo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la hermana del presidente Milei, Karina Milei, en la localidad de San Nicolás, donde se presentó un Seguro Médico Municipal.

La oficialización de este mecanismo de prestación sanitaria se realizó en un sanitario privado, donde los funcionarios nacionales estuvieron acompañados por la directora de la institución, Marisa Vico; el director de Grupo Oroño (propietario del centro asistencial), Roberto Villavicencio y el exintendente de la localidad, Manuel Passaglia;

De esta forma, la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires se convirtió en “el primer lugar del país en implementar este sistema, mediante el cual se brindará cobertura médica a los casi 50.000 vecinos que no cuentan con obra social ni medicina prepaga, que representan un 30% de la población”, según precisaron en un comunicado desde la cartera de Salud.

El sistema se implementa mediante la emisión de una credencial digital vinculada al DNI, la cual funciona con token, como todas las obras sociales, desde la web de la Municipalidad. De esta manera desde la cartera de Salud aseguraron que se pueden “evitar fraudes”. 

“El municipio se hace cargo de pagar solo por aquellas prestaciones médicas que el vecino recibe y que se corresponden con la atención primaria de la salud”, explicaron desde el Gobierno. 

Pero desde el gremio médico criticaron fuertemente la implementación de esta prestación. “Es una vieja idea del Banco Mundial (BN), ya fracasada en los años ’90. La idea de subsidiar la demanda, es decir, a la población sin cobertura, y no a la oferta. Es algo planteado por ese organismo de crédito internacional en aquellos años liberales como parte integrante de la estrategia del avance de ese sistema”.

Para la organización sindical, el objetivo de esa iniciativa lanzada hace más de 30 años “era entonces reducir los costos de los sistemas de atención pública universales a través de planes focales de cobertura mínima para los sectores más desfavorecidos”.

“Si quería participar como actor en ese nuevo esquema de financiamiento, el sector público debía adaptarse y competir con los privados. Así surgieron diversos sistemas de seguros para los pobres”, denunció María Boriotti, secretaria general de la Fesprosa a través de un comunicado. 

En la Argentina, esos sistemas se denominaron “el Plan Nacer o Sumar, mientras que en Chile, Perú y México se aplicaron los seguros de salud y, en Colombia, hubo experiencias como la Ley 100.

“Todo concluyó en un fracaso estruendoso como estrategia sanitaria en Argentina y en el resto de la región, pero se logró que muchos actores privados se beneficiaran e hicieran pingües negocios”, agregó Boriotti.

En se sentido, la dirigente sindical consideró que “lo anunciado por el Gobierno de (el presidente Javier) Milei, “en asociación con una familia que tiene extensos antecedentes en el impulso de la privatización y achicamiento del sector público -los Pasagglia- no tiene nada de nuevo”.

Durante la gestión como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires de Ismael Pasagglia, padre del exintendente, “se denunciaron innumerables negociados y la planta del sector público de salud bonaerense fue reducida de 13 a 9 mil profesionales y, esas estrategias privatistas, fueron acompañadas por la reducción estatal”, se recordó desde el gremio.

“El beneficiario de ese negociado, con dinero de todos los argentinos, es el Grupo Oroño, conocido en el sur de Santa Fe por su posición dominante como prestador médico privado de seguros de salud y de obras sociales”, advirtió la dirigente.

Boriotti afirmó que hay en la actualidad 20 millones de argentinos que dependen solamente de la asistencia que les ofrece el sector público de salud.

“Lo más barato y eficiente desde el punto de vista económico y sanitario es fortalecer a los 1.700 hospitales y 6 mil centros públicos para que ofrezcan una atención integral de prevención, reparación y rehabilitación de la salud, porque todo lo demás es exclusivamente un negocio”, puntualizó.