Dos comunas de la Ciudad de Buenos Aires concentran la misma tasa de homicidios que Rosario
Así lo sostiene un informe de “Conflictividad Criminal Porteña” que realizó el Observatorio de Política Criminal en referencia a las comunas que abarcan a Retiro, Constitución, Puerto Madero, Barracas y Parque Patricios, entre otros barrios. En base a datos públicos, analizaron la situación con respecto a la seguridad en CABA y revelaron que la Ciudad es el distrito que más tasa de policías posee: llega a 850 efectivos cada 100 mil habitantes cuando la recomendación de la ONU es no superar los 400 uniformados.
Las estadísticas criminales son uno de los puntos principales al momento de realizar anuncios sobre seguridad pero también en la implementación de políticas públicas sobre la temática. La Ciudad de Buenos Aires lanzó en diciembre de 2017 su propio “Mapa del Delito” donde quedaron asentadas las distintas problemáticas que atraviesa el distrito: homicidios, robos y hurtos principalmente. Y si bien CABA maneja una tasa de homicidios relativamente baja en comparación al resto de los países de América Latina, allí quedó evidenciado también que la situación no es la misma en algunas comunas del sur de la Ciudad.
“De todos los homicidios dolosos registrados durante el período 2016- 2020, ocho de cada diez se cometieron en el sur de la Ciudad”, puntualiza el informe “Conflictividad Criminal Porteña” que realizó el Observatorio de Política Criminal. En base a información pública elaborada por organismos oficiales, en 2020 hubo 124 homicidios dolosos en la Ciudad, lo que significó una tasa de 4,03 homicidios dolosos cada cien mil habitantes. Sin embargo, si se toman en cuenta los números registrados en las comunas 1 y 4, la tasa de homicidios dolosos es similar a la que tuvo Rosario durante 2019 (13 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes).
La Comuna 1 incluye a los barrios de Retiro, San Nicolas, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución mientras que la 4 está compuesta por Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Son también (junto con la Comuna 3 que conforman los barrios de Balvanera y San Cristóbal) los lugares que presentaron mayor complejidad delictiva con un registro alto de robos y hurtos.
Sin embargo, cabe aclarar que no todos los homicidios ocurrieron (como se cree mediáticamente) en villas o asentamientos de emergencia. “Pese a la estigmatización que recae sobre la violencia en los barrios vulnerables de la ciudad, solo 4 de cada 10 homicidios dolosos cometidos durante 2020 en el territorio porteño se produjeron en dichos asentamientos”, se aclaró en el informe.
Recursos no tan escasos
En la presentación del Observatorio, a cargo Ariel Larroude, Matias Benítez y Mariana Souto Zavaleta, se explicó que la ciudad destina desde 2016 una gran cantidad de recursos tanto humanos como económicos: en 2020 se llegó a unos 75.820 millones de pesos de presupuesto.
“La Policía de la Ciudad cuenta con más de 26 mil efectivos de los cuales casi 22 mil están distribuidos como personal de calle en las 15 comunas de toda la ciudad. Esto sin contar la ayuda operativa de la Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, aproximadamente 2000 efectivos avocados a la seguridad ciudadana en el sur del territorio porteño”, resaltaron. En esa línea, cabe mencionar que CABA es el distrito que más tasa de policías posee: llega a unos 850 efectivos cada 100 mil habitantes. La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas es no superar los 400 uniformados cada 100 mil habitantes.
Drogas: desfederalización y causas por tenencia
Otro de los apartados del informe revela que dentro de las Comunas 1, 4, 8 y 3 se condensaron, desde enero de 2019 hasta agosto de 2020, el 75% de los casos ingresados a las fiscalías porteñas por infracciones a la ley 23.737 (ley de drogas).
Hay que recordar que la Ciudad adhirió a lo que se conoce como la “Ley Desfederalización Parcial” de la competencia penal en materia de estupefacientes, lo que permitió que las causas por tenencia y/o consumo de estupefacientes no sean llevadas adelante en el fuero federal sino que sean abordadas en las jurisdicciones provinciales.
De acuerdo a la información publicada el “Duodécimo Informe sobre Conflictividad de CABA”, en el primer año de implementación de la desfederalización (2019), se aumentó la cantidad de hechos penales ingresados por infracción a la Ley de Drogas relacionados a la tenencia para consumo personal (19.272 casos). No solo eso: el 74,3% de los hechos penales ingresados en CABA por infracción a la Ley de Estupefacientes correspondieron en 2019 a la tenencia para consumo personal.
Esa situación va claramente en contra de lo expresado por la Corte Suprema en el fallo “Arriola” de 2009 donde se expresó que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros. Si bien no se ordenó la despenalización, sí se sostuvo que había que proteger la libertad personal. Incluso dentro del fuero federal, la mayor parte de las causas que se iniciaba por consumo o por tenencia en mínimas cantidades terminaban cerradas y se invocaba “Arriola”.
En esa línea, se citó el informe “La guerra contra los consumidores debe terminar” del CELS, donde se indicó que entre enero de 2019 y agosto de 2020, el porcentaje de hechos penales ingresados a las Fiscalías de la Ciudad por tenencia para consumo fue de un 75,40% del total de casos. Mencionaron allí que el 82% de los casos esos hechos penales correspondieron exclusivamente a tareas de intervención policial.
“A partir de lo anterior, cabe informar que durante 2019 hasta agosto de 2020 se iniciaron en la ciudad 29.206 expedientes por el delito de tenencia para consumo personal, mientras que en el mismo período se abrieron solo 6709 legajos por comercialización de estupefacientes, lo que demuestra el claro sesgo persecutorio hacia los consumidores de drogas”, se marcó en el informe del Observatorio
“La desfederalización, lejos de promover mejores herramientas para la desarticulación y represión de estructuras criminales, complejiza la investigación de sus delitos. En ese sentido, los procesos de diversificación criminal que nacen producto de la venta minorista de estupefacientes (homicidios, robos, secuestros, etc.) son investigados por un aparato judicial distinto al que investiga y resuelve las infracciones a la ley 23.737 en la ciudad”, explicaron.
“Esto conlleva a la vigencia de dos sistemas judiciales en paralelo para resolver una misma base fáctica de conflictos, cuestión que dificulta cualquier tipo de investigación que tenga como fin desarticular de manera eficiente las estructuras criminales complejas dedicadas al narcomenudeo en territorio porteño. Para dar un ejemplo, mientras que para la venta minorista resulta competente la justicia penal, contravencional y de faltas porteña, para los homicidios dolosos que se produzcan como consecuencia de dicha problemática, en virtud de las bandas que se disputan los territorios de venta, son resueltos por la justicia nacional, la que para colmo es financiada por todos los argentinos pese a que los conflictos que resuelve se suceden en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvieron.