Cromañón, a 20 años de la noche en que la corrupción y la negligencia mataron a 194 personas
El 30 de diciembre de 2004, el incendio en República de Cromañón desnudó el entramado de impunidad que sostenían empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad. La falta de controles y el desprecio por la vida dejaron 194 muertos, más de 1.400 heridos y un reclamo eterno de justicia.
El 30 de diciembre de 2004, miles de fanáticos del rock se congregaron en República de Cromañón, un boliche del barrio porteño de Once. La banda Callejeros, entonces en el auge de su carrera, se disponía a cerrar el año con un recital que presentaría su último disco. Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó convirtiéndose en una tragedia que marcó para siempre a la sociedad argentina.
Un asistente encendió una bengala que impactó en el techo recubierto con una media sombra de material inflamable. En menos de dos minutos, el lugar estaba sumido en un caos total. Las llamas se extinguieron rápidamente, pero el humo negro y tóxico se expandió por todo el recinto. Más de 4.500 personas estaban dentro de un espacio habilitado para solo 1.031, lo que agravó la tragedia.
El humo, compuesto por monóxido de carbono y ácido cianhídrico, resultó letal. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia, mientras que otras murieron aplastadas en las salidas de emergencia bloqueadas por los organizadores. La escena más impactante llegó cuando los bomberos lograron abrir una de esas puertas: decenas de cuerpos cayeron sin vida, apilados tras luchar por escapar.
Corrupción y negligencia: las verdaderas llamas
La tragedia no solo reveló la falta de controles en la habilitación de locales nocturnos, sino también una cadena de corrupción que involucraba a empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad. Omar Chabán, dueño del boliche, fue señalado como uno de los principales responsables al permitir el uso de pirotecnia en un lugar cerrado y sin condiciones de seguridad adecuadas.
La investigación demostró que Chabán había pagado coimas a inspectores y funcionarios para que ignoraran las irregularidades del lugar. Además, el boliche carecía de salidas de emergencia suficientes, y las pocas que había estaban bloqueadas. La sobreventa de entradas también fue un factor clave: aunque el espacio tenía capacidad para 1.031 personas, esa noche había más de 4.500 asistentes.
Las puertas de emergencia, que deberían haber sido una vía de escape, estaban cerradas con candados y alambres. La desesperación llevó a muchos a intentar forzarlas sin éxito, mientras otros buscaban salidas alternativas en medio de la confusión. La ausencia de personal capacitado para manejar situaciones de emergencia y la falta de equipos de seguridad adecuados agravaron aún más la situación.
La banda Callejeros tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. Inicialmente absueltos, sus integrantes fueron luego condenados como coorganizadores del evento, ya que manejaban la venta de entradas y se beneficiaban económicamente del recital.
Las condenas y el largo camino de la justicia
En 2007, el primer juicio condenó a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir sobornos para habilitar el local. La causa fue un desprendimiento del expediente principal que investigaba la tragedia. En una declaración indagatoria, la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin (que luego terminaría condenada también) aseguró que los bomberos cobraban coimas para habilitar boliches.
De acuerdo a un informe citado en el fallo condenatorio, para junio de 2003 alrededor de un 70% de los locales de baile de la Ciudad no poseía instalaciones contra incendios y un 20% nunca había actualizado el certificado que otorgaba la Superintendencia de Bomberos.
En agosto de 2009, y tras un año de juicio oral, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 condenó a Omar Chabán a 20 años de prisión por los delitos de “incendio doloso calificado y cohecho activo”; a Diego Argañaraz a 18 años de prisión por los mismos delitos; al subcomisario Carlos Díaz a 18 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho pasivo; a Raúl Villarreal a un año de prisión en suspenso por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo; a Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández a dos años por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los integrantes de Callejeros, el comisario Miguel Belay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos. El tribunal señaló que tanto Chabón como Argañaraz estaban a cargo de la organización del recital en República Cromañón, excluyendo de la responsabilidad a los músicos y a su escenógrafo, y también a Villarreal.
No obstante, tras una doble revisión en la Cámara Federal de Casación Penal, las penas tanto para Chaban como para los funcionarios fueron modificadas y las absoluciones quedaron revertidas.
Al gerenciador de Cromañon le fijaron una condena de diez años y nueve meses; cinco años a Argañaraz; siete años para Patricio Santos Fontanet; seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez, y cinco años para los restantes músicos de la banda, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado. El escenógrafo del grupo, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que Raúl Villarreal recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.
También fueron condenados el subcomisario Carlos Díaz (ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho), la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin (cuatro años de prisión), el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres (cuatro años) y la ex directora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández (tres años y seis meses de prisión) por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.
El baterista Eduardo Vázquez, además de su sentencia por Cromañón, cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Wanda Taddei.
El Estado tampoco escapó a la controversia. Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron acusados de negligencia y corrupción. Roberto Calderini, inspector del Gobierno porteño, fue condenado por haber recibido sobornos para habilitar el boliche.
La tragedia de Cromañón dejó cicatrices profundas en la sociedad argentina. No solo por las 194 muertes, sino también por los 1.432 heridos y los familiares que enfrentaron años de lucha para obtener justicia.
El impacto psicológico fue devastador. Diecisiete sobrevivientes se suicidaron en los años posteriores, incapaces de sobrellevar el trauma. Otros padecieron depresión y problemas de salud mental debido al abandono estatal.
Tanto en el fuero contencioso administrativo federal como en la Corte Suprema todavía hay cientos de reclamos de víctimas y familiares que le reclaman al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios que sufrieron aquella noche y todo lo que les significó después. Lo increíble es que en todos los expedientes, ambos estados intentaron diluir sus responsabilidades y alagar la tramitación de casos donde se exponía el daño físico, mental y de vida que generó la tragedia.
Para los sobrevivientes y familiares, Cromañón no solo fue una tragedia; fue un símbolo del abandono y la impunidad en un sistema atravesado por la corrupción.
A dos décadas de la masacre
A 20 años del incendio, Cromañón sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando la desidia y la corrupción priman sobre la seguridad y la vida humana. Las consecuencias no se limitaron a las condenas: la tragedia marcó un punto de inflexión en la regulación de eventos masivos y en la conciencia social sobre los peligros de la negligencia.
Hoy, muchos de los condenados están en libertad. Raúl Villarreal vive alejado de la vida pública, mientras que Patricio Fontanet sigue vinculado a la música con su banda Don Osvaldo. Eduardo Vázquez, en cambio, cumple su prisión perpetua en el penal de Ezeiza.
La masacre de Cromañón dejó una herida abierta que nunca terminará de cicatrizar.