La Auditoria General de la Nación (AGN) realizó un examen especial sobre Estrategias y Actividades de endeudamiento relacionadas a Letras del Tesoro durante el período 2016-2019, en donde detectó falencias y falta de coordinación entre los organismos pertinentes para su gestión. 

El objetivo de esta operación conocida como Reperfiliamiento, que fue autorizada mediante un DNU, fue determinar las causas que ocasionaron la prórroga unilateral de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional. El mismo alcanzó un monto representativo del 25% del cupo presupuestario vigente, equivalente a $595.991.090.629, e implicó la reprogramación de obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo.

El informe fue presentando durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, en la que participaron el presidente de la AGN Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. El mismo fue aprobado por unanimidad. 

La Comisión de Supervisión de la Deuda Pública, que preside Fernández, encontró que “la operación derivó de una serie de deficiencias en la gestión de la deuda e impactó negativamente en las calificaciones de nuestro país, por considerarse que la Argentina estaba incumpliendo obligaciones soberanas”. 

En ese sentido, el organismo remarcó que hubo una falta de coordinación entre la Tesorería General de la Nación (TGN), la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la gestión de las LETES. “Los programas financieros no fueron diseñados de acuerdo a estándares requeridos para una sana administración de la deuda y no existió una estrategia financiera que enmarque la gestión de las Letras del Tesoro”, destacaron desde la AGN. 

A su vez, se encontró que “el auditado no elaboró procesos específicos que aseguren la eficiencia de la gestión de esta deuda ni efectuó el cálculo de riesgos financieros, los que no fueron considerados en sus decisiones de financiamiento a través de LETES, incumpliendo la normativa aplicable” ni "tampoco fue adecuado ni preciso el marco normativo relacionado con estos instrumentos”. 

Sobre esto, señalan que no se alcanzó los estándares óptimos de eficiencia y economía que necesita para cumplir con sus objetivos y lograr solvencia y sostenibilidad de la deuda pública a lo largo del tiempo.

Oferta Libre del transporte automotor de pasajeros

Durante la sesión del Colegio de Auditores, se aprobó por unanimidad una auditoría de gestión sobre la Modalidad Oferta Libre del transporte automotor de pasajeros, realizada en el ámbito del ex Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El período que auditó la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos que preside el Dr. Fernández, abarcó los años 2018 y 2019, extendiéndose hasta junio de 2020.

Durante su exposición, Javier Fernández explicó que “se detectó que el Ministerio de Transporte no contó con una planificación estratégica en la que se encuentren previstas en forma detallada las políticas públicas aplicables a los servicios de transporte de Oferta Libre”. En tanto, se verificaron debilidades en la gestión del registro y habilitación de los operadores, mientras que hubo una ineficaz fiscalización por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 

El relevamiento realizado por esta auditoría permitió además detectar debilidades en el proceso de planificación de las fiscalizaciones y en su etapa de ejecución. El Programa de Fiscalización Técnica Rápida no fue aplicado a los vehículos afectados al servicio de Oferta Libre y la gestión del régimen de penalidades para los servicios de Oferta Libre presentó debilidades que comprometen su eficacia.

La auditoría concluyó que las falencias y debilidades en materia de planificación, fiscalización y control de transporte automotor de oferta libre tuvo un impacto negativo en la calidad y seguridad de los servicios.