La discusión por el Salario Básico Universal (SBU) expuso nuevamente las diferencias en el seno del Frente de Todos, mientras el proyecto duerme en la Cámara de Diputados. Al Gobierno no le dan los números para cumplir con la baja del déficit fiscal que acordó con el FMI, mientras que a los movimientos sociales y los diputados del kirchnerismo que acompañan la iniciativa consideran que podría ser un impulso a los bolsillos y a sus chances electorales en 2023.

“Batakis dijo anoche y sostiene que el SBU es un plan que en el mundo se ha discutido durante mucho tiempo y en Argentina también siempre fue un planteo. En Argentina ya existen planes universales como la AUH y el Progresar y otros. Todo es motivo de estudio, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”, explicó ayer la Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. 

Es que la nueva ministra de Economía ya se comprometió con los objetivos trazados en el programa con el Fondo, en el cual ya no queda margen para seguir aumentando el gasto. Todo lo contrario, de hecho. Su visión fiscalista “colisiona” con la de Cristina Kirchner, quien en su última intervención se mostró a favor de la medida.

Sin embargo, la mayor presión por la aplicación de un ingreso universal viene por el lado de los movimientos sociales incluidos en el FdT. “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”, le lanzó a través de su cuenta de Twitter el referente de la CTEP Juan Grabois a la vocera.

Tweet de Juan Grabois

Esto no sorprende, ya que ni bien se conoció que Batakis reemplazaría a Martín Guzmán, Grabois presionó a la nueva titular de Hacienda para que implemente el SBU. “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, había lanzado a través de su cuenta de Twitter.

En detalle, la iniciativa presentada en mayo por Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, contempla que se otorgue un beneficio equivalente a una Canasta Básica Alimentaria medida por el Indec para un adulto equivalente, que hoy está valuada en $14.401. Los destinatarios serían desocupados, trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas sociales. Además, serían alcanzados por el 50% de dicha prestación los monotributistas de la categoría A y los asalariados registrados cuyos  ingresos brutos no superen los $38.850.

A su vez, el proyecto contempla que no podrán acceder aquéllas personas que reciban ingresos de la Prestación por desempleo, Programa Progresar, Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.

Tweet de Itai Hagman

El problema: su costo fiscal. La medida alcanzaría un universo de 7,5 millones de beneficiarios que sería superior al 2,1% del PBI. Aunque quienes defienden el SBU, señalan que generaría un mayor ingreso al Estado por el lado del consumo más la supresión de otros programas sociales que bajaría el gasto. Así la erogación sería cercana al 0,9% del PBI. 

En definitiva, Batakis ya explicó que ella cree en “el equilibrio fiscal” y se comprometió a avanzar en la baja del gasto que incluye llevar adelante la segmentación de subsidios a las tarifas resistida por el kirchnerismo. Según precisó, la discusión se da en todo el mundo, el tema central es “cómo se financia” para no aumentar el déficit fiscal.