En el proyecto de Presupuesto 2023 quedaron plasmados los lineamientos del plan económico de Sergio Massa. Los supuestos reflejados en la “Ley de Leyes” marcan el giro ortodoxo del ministro de Economía, con eje en achicar el déficit y acumular reservas, para llevar a cabo su principal objetivo: bajar la inflación. De hecho, el documento plantea una reducción ambiciosa del IPC desde 95% en 2022 al 60% el año que viene.

A pesar del descreimiento de los analistas y el mercado sobre la proyección de precios minoristas para el próximo ejercicio, en el equipo económico consideran que es una meta “realista” y que incluso podría existir una caída mayor. “La idea que planteamos es bajar el déficit fiscal para tener menor necesidad de financiamiento monetario (emisión), que es la base de la inflación. Sí tenemos buenos resultados, podríamos ver un resultado mejor al plasmado en el Presupuesto”, le dijo a Data Clave un importante funcionario del Palacio de Hacienda.

La hoja de ruta del Ministerio de Economía fue diseñada por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, conocido en el mercado como el “señor presupuesto” por su basta experiencia. Pero allí se vio la decisión política de Massa y los criterios técnicos del secretario de Programación Económica o “viceministro”, Garbiel Rubinstein, quien aportó su mirada ortodoxa. El funcionario, resistido por muchos sectores del kirchnerismo, aportó una mirada que incluso va en contra de lo que piensan algunos sectores del Frente de Todos, quienes atribuyen la inflación a empresarios que quieren llevarse una porción más grande de la torta.

De todos modos, la baja del déficit fiscal primario del 2,5% del PBI en 2022 al 1,9% del PBI en 2023 ya estaba pactada en el acuerdo con el FMI. En el Palacio de Hacienda señalan “dos grandes jugadores” para llevar a cabo ese objetivo: segmentación de subsidios a la energía, agua y transporte y la disminución del gasto que permitirá la finalización de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner.

Además, se incluyó en el Presupuesto una “separata” que invita al Congreso a discutir los principales Gastos Tributarios del Estado, es decir, ingresos que deja de percibir el fisco para impulsar el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos; juntos sumarán en 2023 un equivalente a 2,49% del PBI o $3,6 billones. Usualmente benefician a grandes empresas, grupos empresarios o grandes terratenientes.

En tanto, el texto que preparó el equipo económico hizo foco en un conjunto de gastos tributarios que representan el 60% del total (1,49% del PBI), los cuales forman parte del “menú recomendado” para el recorte. Entre ellos se encuentran las exenciones de Ganancias de algunos jueces o asociaciones civiles, impuestos internos reducidos de Tierra del Fuego o exenciones de impuestos para campos.

Habrá que esperar para saber sí ese combo, pretendiendo que el oficialismo pueda hacerse lugar para esta discusión en el Congreso, tendrá efecto en la inflación. Los datos de julio y agosto fueron los más altos en dos décadas, la inflación cerrará 95% según el Presupuesto, alcanzando el registro más alto desde 1990 en plena hiper. 

Las consultoras coinciden en que el piso de 2023 será 85% y el proyecto de Massa marca 60%, reduciéndose 35 puntos en un año. La hoja de ruta que defendió el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en Diputados a finales del año pasado marcaba 33% en 2022, con una baja de 12 puntos respecto al anterior, y fue rechazado. 

En aquel momento el “caballito de batalla” de la oposición había sido el “dibujo” de la inflación, clave para determinar la proyección de ingresos y gastos en un Presupuesto. Cerca de Massa sostuvieron que su hoja de ruta “es creíble” y que además, a partir de su presentación al Parlamento, “juega la política”. No obstante, advierten: “Si no sale del Congreso, no se puede prorrogar. Nosotros y la oposición tenemos que ser inteligentes. Si no hay Presupuesto tenemos un shutdown (cierre) del Estado”.