El Ministerio de Economía cerró tres fondos fiduciarios que, en línea con los disueltos anteriormente, “registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.

La medida se hizo en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, y a través del Decreto 6/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, informó la cartera que dirige Luis Caputo a través de un comunicado. La decisión alcanza al Fondo Fiduciario para la Vivienda Socia; el destinado al Servicio Universal (FFSU) y el PRODAF. 

Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos “por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable” dijo la misiva oficial.

En el caso del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que había sido creado en el 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”, Economía sostuvo que fue utilizado “con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”. 

Las Auditorias efectuadas por la SIGEN “pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional”.

En tanto, en el caso del Fondo Fiduciario para el Servicio Universal (FFSU) su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, señalaron que existió una “falta de un plan estratégico para direccionar (sic) inversiones acordes a los objetivos", y que falló en "la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros”.

Finalmente, se definió la disolución del Fondo PRODAF, creado por el artículo 74 de la Ley N°26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. 

En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca cumplió su propósito y desde 2020 no se han registrado desembolsos, “confirmando que su ejecución ha finalizado”.

Estas medidas forman parte de la política de recortes que lleva adelante el gobierno para hacer “mas eficiente, transparente y orientada” la gestión de los fondos públicos, tal como lo ha señalado el presidente Javier Milei en diversas ocasiones .