El proyecto de Compre Argentino, que busca modificar la ley vigente, se debatió este jueves en un plenario de las comisiones de Industria, que preside Marcelo Casaretto (Frente de Todos Entre Ríos) y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

Finalmente no hubo acuerdo, la oposición pidió que haya más días para discutir el proyecto, que se llamen a expositores, de lo contrario no iban a acompañar. El oficialismo no insistió y la comisión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

La iniciativa enviada en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se exceda en los precios ofertados por multinacionales. A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros y promover la creación de 30.000 nuevos empleos.

Por otra parte, el proyecto eleva las preferencias de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales de un 15% a un 20%, en tanto que las demás pasan del 8% al 15%.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son mipymes. La iniciativa amplía el alcance de la ley vigente al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.

A través del proyecto, se desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan. Asimismo, la ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre Argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.

El proyecto de ley de “Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación” pretende modificar las limitaciones que tiene la normativa vigente (Ley 27.437) para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo.

Entre los puntos a resolver del actual marco normativo se encuentra una débil relación entre los objetivos de la ley y la definición de su alcance, ya que no alcanza a sujetos con marcado poder de compra, cuyas contrataciones son financiadas con fondos del Estado Nacional y con un alto impacto en el tejido productivo industrial local, como por ejemplo, el PAMI que fue incluido en el nuevo proyecto de ley, por su rol clave para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico.

A su vez, la Ley 27.437 tiene dificultades para garantizar su cumplimiento, ya que no contempla la obligación de brindar información a fin de garantizar el seguimiento, monitoreo y verificación de su cumplimiento efectivo.

Por otra parte, el actual régimen de compras públicas contiene márgenes de preferencias (diferencia de precio que puede tener una empresa nacional) limitados y, al ser transversales a todas las compras públicas, carecen de efectividad e impacto, tampoco contempla distinciones por tipo de productos ni contiene perspectiva de género.

La ley vigente no cuenta con herramientas de promoción de sectores estratégicos, el Estado dispone en la actualidad de Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP), pero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo afirmaron que es una herramienta rígida y de difícil implementación, en particular cuando se trata de inversiones de proveedores extranjeros que no poseen ninguna parte de su proceso productivo en la Argentina.