El plan de Economía busca acelerar la reducción del gasto público mediante un esquema de segmentación. Sin embargo, las dudas persisten sobre la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), que podría modificar el panorama.

Las boletas de energía se componen de cuatro ítems: energía, transporte, distribución e impuestos. El Estado subvenciona parte del costo real de la electricidad y el gas, lo que afecta directamente el precio que pagan los usuarios residenciales. Según el presupuesto 2025, el 85% del costo mayorista de la electricidad será cubierto por las tarifas que abonan los usuarios, una cifra que representa un aumento significativo en comparación con los subsidios actuales. Bajo este esquema, se proyecta que el costo final de las facturas crecerá de manera constante.

El presupuesto para el próximo año establece que el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico será cubierto por la tarifa que paguen los usuarios, lo que equivale a que cada $100 en la factura real, $85 saldrán del bolsillo de los hogares. En comparación, el gobierno de Javier Milei espera finalizar 2024 con un promedio de 65% cubierto por los usuarios, manteniendo aumentos mensuales del 4% y con la esperanza de que los precios de la electricidad bajen en los meses venideros.

Durante la gestión de Alberto Fernández, las tarifas se congelaron con una cobertura del 48% a favor de los usuarios. Mientras la gestión anterior optó por un enfoque más intervencionista, Milei busca reducir los subsidios de manera drástica, con la meta de reducirlos a 0,5 puntos del PBI para 2025, comparado con los 3,5 puntos que representaban en el PBI en la gestión anterior.

El desafío de la Canasta Básica Energética

La Canasta Básica Energética (CBE) es un componente clave del nuevo esquema que el gobierno pretende implementar. Bajo este modelo, se reducirán los subsidios de manera generalizada, haciendo que la mayoría de los usuarios cubran el 100% del costo de la energía. Sin embargo, la CBE permitirá que aquellos hogares cuyo gasto energético supere un porcentaje de sus ingresos reciban subsidios directos para compensar la diferencia. Este esquema personalizado pretende evitar que las tarifas sobrepasen un nivel considerado inasequible para los sectores más vulnerables.

El principal desafío para la implementación de la CBE es el cruce de datos, ya que requiere un nivel de información detallada sobre los ingresos y gastos de cada hogar. El inicio de este esquema estaba previsto para abril, pero la demora en su puesta en marcha llevó al gobierno a extender el plazo hasta noviembre, con posibilidad de una prórroga.

El nuevo esquema de tarifas mantiene una diferenciación según los niveles de ingresos de los hogares. El nivel N1, correspondiente a hogares de altos ingresos, verá la eliminación completa de los subsidios. Estos hogares deben cumplir con ciertas condiciones, como tener ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas o poseer múltiples inmuebles y vehículos.

Por otro lado, los hogares de ingresos bajos, clasificados como N2, mantendrán parte de los subsidios. Estos hogares cuentan con ingresos menores a una canasta básica total y deben cumplir con otros requisitos, como no poseer vehículos nuevos o múltiples inmuebles. Finalmente, los hogares de ingresos medios, clasificados como N3, tendrán un acceso reducido a los subsidios, dependiendo de su situación económica.

La transición hacia la nueva política energética

El cambio en la política energética no será inmediato. El Decreto 465/2024 establece un período de transición de seis meses para aplicar el nuevo sistema de subsidios, con posibilidad de prorrogarlo hasta mayo de 2025. Este tiempo permitirá ajustar los detalles del esquema de la CBE y perfeccionar el cruce de información necesario para personalizar los subsidios.

Además, el Coordinador de Energía, Daniel González, adelantó que no será un verano fácil en términos energéticos, ya que se esperan cortes de luz debido a la mayor demanda y el ajuste en los precios.

El recorte de subsidios, que ya se ha reducido en más de USD 3.000 millones durante 2024, continuará su curso hasta 2026, año en que el gobierno planea eliminar por completo las subvenciones. Esto significará un cambio sustancial en el costo de vida de los argentinos, especialmente para aquellos hogares de ingresos medios y bajos que verán aumentar sus facturas de manera sostenida.

La implementación completa del esquema de subsidios personalizados bajo la CBE será crucial para mitigar el impacto de estos aumentos, aunque su puesta en marcha enfrenta desafíos logísticos y económicos.