Desde el próximo mes de septiembre, los usuarios del servicio de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán enfrentar un nuevo aumento en sus facturas. La Secretaría de Obras Públicas publicó un ajuste del 4,48% en las tarifas de AySA, que comenzará a regir sobre el consumo de este mes y se verá reflejado en las boletas con vencimiento en los primeros días de octubre.

El impacto de este aumento, sumado a los ajustes previos, es significativo. La factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con los impuestos aplicables, que en muchos casos alcanzan al menos el 21%, el costo final de la boleta superará los $23.700 mensuales. Este incremento se enmarca en una serie de ajustes que la compañía ha implementado a lo largo del año, en parte como consecuencia de la quita de subsidios que se produjo en abril, lo que implicó una suba acumulada de 271% en lo que va del 2024, un porcentaje muy superior al de la inflación registrada en el mismo período.

La fórmula polinómica que utiliza AySA para actualizar las tarifas mensualmente tiene en cuenta diversos indicadores económicos, como el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC). Este método ha resultado en aumentos significativos que afectan de manera desigual a los usuarios según su zona geográfica y nivel de ingresos.

AySA mantiene un esquema de segmentación de subsidios basado en la geolocalización de los usuarios. Los hogares ubicados en zonas de altos ingresos, que suman aproximadamente 534.517, verán incrementada su factura promedio de $22.137 a $23.129 sin impuestos. Para los usuarios en zonas de ingresos medios, que representan cerca de 996.718 hogares, la factura media pasará de $20.104 a $21.005. En tanto, en las áreas de menores ingresos, que comprenden a 1,2 millones de usuarios, el costo promedio aumentará de $16.155 a $16.878.

Este nuevo ajuste comenzará a impactar gradualmente en las facturas de los usuarios, con vencimientos previstos para los primeros días de octubre. Cabe destacar que los usuarios residenciales y baldíos ubicados en áreas con coeficientes zonales bajos seguirán recibiendo un subsidio del 15%, beneficio que alcanza a 1,8 millones de personas y que no requiere gestión alguna para acceder. En cambio, la tarifa social, que beneficia a 130.000 usuarios, debe solicitarse cada año a través de la página del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

En un contexto de subas generalizadas, AySA ha logrado alcanzar el equilibrio operativo bruto por primera vez en cinco años, y ha reportado un superávit histórico en sus cuentas. La nueva gestión de la empresa ha incrementado los ingresos en un 22% en términos reales en comparación con 2023, lo que representa aproximadamente $33.000 millones adicionales, mientras que los gastos devengados de operación bruta se redujeron un 16%, equivalente a $40.700 millones.

Como parte de su plan de eficiencia, AySA implementará una estrategia para reducir las pérdidas físicas de agua potable, con el objetivo de recuperar 500.000 m³ por día de agua, lo que equivale al consumo diario de un millón de personas. Esto permitirá no solo optimizar el uso del recurso, sino también disminuir los costos asociados a insumos químicos y energía de bombeo. Además, la empresa continuará con su plan de micromedición, buscando una facturación más justa y equitativa basada en el consumo real de los usuarios.

El plan de eficiencia de AySA incluye también la reducción de costos en diversos rubros para fin de año, con metas de disminución del 45% en vigilancia, 43% en limpieza, 37% en telefonía, 27% en la flota de vehículos y 15% en la masa salarial. Este último objetivo se alcanzará mediante la reducción del 35% de las horas extras y un programa de retiros voluntarios al que ya han adherido 1.200 empleados, para lo cual la empresa recibió $36.000 millones destinados a financiar las salidas de esos trabajadores.

Por último, en cuanto a las obras de mejora y mantenimiento, AySA informó que estas se encuentran en una etapa de priorización y revisión. Los incrementos en las tarifas y la estrategia de reducción de costos buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio en un contexto económico desafiante para todos los sectores del país.