Este jueves se dio inicio al juicio oral por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021.

Hace apenas algunos días, Brian Darío Montes, policía bonaerense del Grupo Halcón, fue condenado a 18 años de prisión por asesinar por la espalda a Fabián Enrique, de 16 años. Sin embargo, Montes se fugó antes de la sentencia.

Estos son tan solo dos casos de las 8701 personas asesinadas por el “aparato represivo estatal”, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

La CORREPI presentará este viernes el informe anual y la actualización del archivo de casos 2022. Entre los puntos centrales, el documento hace especial hincapié en el aumento de las muertes “bajo custodia", es decir, en cárceles y comisarías.

En diálogo con Data Clave, María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, explicó que esta situación tiene una relación directa con la “política de mano dura y el uso extensivo de la prisión preventiva".

“En 2001 había 34 mil personas privadas de la libertad en todo el país y en 2021 llegaron a 100 mil. En el mismo período los delitos más graves o que más preocupan bajaron prácticamente a la mitad”, detalló y advirtió: “No es un incremento de personas detenidas porque hay más delitos, sino porque hay una política de negar sistemáticamente el derecho a transcurrir el proceso en libertad”.

Según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en julio de 2022 las personas privadas de libertad –sin condena firme- en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal representaban el 48% de la población encarcelada. Porcentajes similares -e incluso mayores- se replican tanto en comisarías porteñas y cárceles provinciales.

Advirtió, asimismo, la situación de la policía porteña en relación a las muertes por gatillo fácil. “Esto nos preocupa enormemente”, agregó.

En 2022 también se registró un ligero descenso de los casos gatillo fácil de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria). En este sentido, Verdú señaló la derogación en 2019 del protocolo de la exministra Patricia Bullrich sobre uso de armas de fuego, como también la decisión, que tomó en 2020 la exfuncionaria Sabina Andrea Frederic, al dejar sin efecto la reglamentación que obligaba a los efectivos de esa fuerza a portar el arma reglamentaria durante las 24 horas.

“Insistimos que esa medida se tome para el conjunto de las fuerzas, lo que bajaría sensiblemente los casos de gatillo fácil”, sostuvo Verdú, quien agregó que el 66% del total de casos de gatillo fácil se cometen con el arma reglamentaria fuera de servicio.