El flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, enfrenta graves cuestionamientos tras revelarse que adquirió tres propiedades en Estados Unidos a través de sociedades offshore por un valor superior a 2 millones de dólares. Ninguna de estas operaciones fue declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA), incumpliendo lo dispuesto por la Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a informar todo su patrimonio, incluidas las participaciones societarias.

La investigación, llevada adelante por La Nación, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), destapó un entramado que involucra a Vázquez con sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, utilizadas como vehículo para adquirir bienes en el exterior.

De acuerdo con los documentos analizados, dos de las propiedades aún están bajo el control de Vázquez, mientras que una tercera fue vendida en 2018. Las sociedades involucradas incluyen Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas registradas en Panamá, y Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los registros oficiales indican que las compras comenzaron en enero de 2013, cuando Alcorta Corp adquirió dos departamentos en Brickell, Miami. El primero, una unidad en el exclusivo Icon Brickell, fue adquirido por 710.000 dólares, mientras que el segundo, en el edificio de la avenida Brickell 1060, costó 350.000 dólares. Más tarde, en 2015, otra sociedad panameña, Pompeya Group Corp, compró una suite de lujo en Sunny Isles Beach por 980.000 dólares.

En 2016, tras la publicación de los Panamá Papers, Vázquez reestructuró el entramado societario para aumentar el nivel de opacidad. A partir de entonces, Galanthus Capital Limited quedó como controlante de las sociedades panameñas que poseen los inmuebles.

La última declaración jurada presentada por Vázquez ante la OA, correspondiente a 2023, no menciona ni las sociedades ni las propiedades en Estados Unidos. Sí detalla, en cambio, tres cuentas bancarias en ese país con un saldo total menor a 3.000 dólares. Esto contradice las exigencias de la Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a declarar todos sus bienes, incluidos los del cónyuge, y actualizarlos anualmente.

No informar parte del patrimonio podría configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, cuya pena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la falta de justificación del origen lícito de los bienes podría derivar en una investigación por enriquecimiento ilícito.

No es la primera vez que Vázquez, de 64 años, es vinculado a operaciones en paraísos fiscales. En 2011, enfrentó una denuncia por presuntamente controlar, junto a su hermana, una cuenta en el ING Bank NV de Curazao con 442.113 dólares, que habría transferido en 2006 al BNP Paribas de Luxemburgo. En esa ocasión, la Justicia Federal cerró la investigación en 2022 por falta de respuestas de los países involucrados.

A pesar de estos antecedentes, Vázquez logró construir una destacada carrera en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora renombrada ARCA. Ingresó al organismo en 1990 y llegó a ocupar puestos clave, como el de director de la Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016.

La designación de Vázquez al frente de la DGI, en octubre de 2024, generó revuelo dentro del gobierno. El decreto que oficializó su nombramiento fue firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que otros funcionarios clave, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, no participaron en el trámite. Tampoco lo hizo la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, quien fue removida días después.

El caso de Vázquez no es un hecho aislado. Durante las últimas dos décadas, varios funcionarios enfrentaron investigaciones por omisión maliciosa de bienes. Entre ellos, el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff, quienes finalmente fueron beneficiados por la prescripción de la acción penal. Más recientemente, Pablo Brula, un exfuncionario de la AFIP, fue procesado por ocultar su participación en una sociedad offshore revelada en los Pandora Papers.

El caso vuelve a poner en discusión la eficacia de los controles sobre los funcionarios públicos y la transparencia en la administración del Estado. Las revelaciones sobre Vázquez abren un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de sociedades offshore y la falta de regulación efectiva para evitar que se utilicen como herramientas de evasión fiscal y ocultamiento de bienes.