Hace apenas un año, el plenario del Consejo de la Magistratura ordenó una auditoria de relevamiento de gestión sobre las causas de violencia de género en algunos fueros nacionales.

Este relevamiento, que se extendió durante varios meses, tiene por objetivo “posibilitar un diagnóstico que brinde datos cualitativos y cuantitativos sobre la actividad judicial a fin de establecer estándares mínimos de gestión de las causas que propenda a la debida protección de las víctimas”.

En el período auditado -2018 al 2021- se iniciaron más de 25 mil causas en el fuero Civil Nacional. En tanto, en los Jugados Nacionales en lo Criminal y Correccional de Menores un poco más del 6 por ciento del total de las causas ingresadas (15.327) corresponden a violencia contra la mujer basada en su género.

En el fuero Civil, según se desprende del informe al que accedió Data Clave, se tomaron más de 79.200 medidas preventivas urgentes, tales como suspensión del régimen de visitas, tobillera electrónica, prohibición de compra de armas, exclusión del hogar, consigna policial, entre otras.  La utilización del dispositivo de alerta- botón de pánico-, la prohibición de contacto y la de acercamiento son las más utilizadas.

El 87,5 por ciento de las medidas son adoptadas por un plazo concreto, mientras que el 12,5 por ciento restante hasta el cese del conflicto. Gran cantidad de estas causas tuvieron derivaciones penales por la posible comisión de un delito.

El informe advierte, asimismo, que muchas veces las mujeres no son recibidas en espacios adecuados o suelen compartir lugares de espera o celebración de audiencias con los denunciados. A esta situación se suma la falta de capacitación del personal, lo que en los últimos meses comenzó a cambiar gracias a la ley Micaela.

Sobre la disponibilidad de refugio o lugares de tránsito, la mayoría de las dependencias judiciales indicó que es "inmediata", pero la mitad considera que estos espacios no son adecuados. Un poco más de la mitad de las mujeres (58,3) no cuentan solvencia económica, lo que "limita el acceso a la justicia".

La asistencia psiquiátrica y psicológica para las víctimas y sus hijos también presenta demoras. El 83 por ciento de los juzgados opinó que dicho tratamiento ”no es adecuado y suficiente”, según la auditoría.

Una situación similar se repite en la asistencia económica de la mujer, ya que casi el 90 por ciento afirmó que estos programas no son suficientes, al igual que la disponibilidad de acceso a programas de capacitación y financiamiento para la reinserción laboral.

Casi la mitad de las sedes indicaron que no suele haber disponibilidad de intérpretes de lengua de señas, como tampoco para asistir a víctimas en un idioma extranjero. En las dependencias civiles también falta personal tanto judicial como trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras.