A un año de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe exhaustivo que analiza las políticas del gobierno, su impacto en los derechos humanos y los retrocesos en materia social. El documento aborda en profundidad seis ejes fundamentales que evidencian un cambio de paradigma en el modelo de país.

Reformas normativas y un Estado centralizado

El informe señala que, pese al discurso de achicar el Estado, el gobierno utilizó herramientas como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para consolidar un poder más centralizado y funcional a los intereses privados. Según el CELS, “las reformas normativas han debilitado el acceso a derechos fundamentales mientras habilitan a sectores económicos a concentrar mayor riqueza”. Estas modificaciones impactaron en la justicia laboral, el acceso a servicios básicos y la distribución de recursos públicos.

Protesta bajo amenaza

El espacio público y cívico enfrentó serias restricciones. Desde una mayor criminalización de la protesta hasta el incremento de la vigilancia masiva, las políticas gubernamentales han limitado el ejercicio de derechos democráticos. “La represión y los ataques a la libertad de expresión se convirtieron en prácticas recurrentes”, advierte el informe, que subraya el rol de las fuerzas de seguridad en desarticular manifestaciones sociales.

De derechos básicos al mercado

La lógica de mercado domina el acceso a bienes esenciales como la salud, la vivienda y los alimentos. El informe critica que el gobierno ha priorizado un modelo donde “cada necesidad tiene un precio”, excluyendo a miles de personas que no pueden acceder a estos servicios básicos. Las reformas, además, han desfinanciado programas sociales, agravando la precarización de los sectores más vulnerables.

Extractivismo y derechos indígenas

En los territorios indígenas, la transición energética ha impulsado proyectos extractivistas que avanzan sobre tierras ancestrales. El CELS alerta que “el desarrollo extractivista, bajo el argumento de la crisis climática, profundizó el despojo y vulneró los derechos de los pueblos originarios”. Estas acciones consolidan un modelo económico basado en la explotación de recursos sin considerar su impacto social ni ambiental.

Control y antiterrorismo

El enfoque securitario moldeó políticas de inteligencia y control social. Bajo el argumento de combatir el terrorismo, el Estado amplió su capacidad de vigilancia y justificó acciones represivas. Según el informe, estas políticas refuerzan un aparato estatal que prioriza el control sobre la garantía de derechos.

Memoria, verdad y justicia en disputa

En materia de derechos humanos, el informe denuncia un desprecio por las políticas de memoria, verdad y justicia. Desde la eliminación de programas hasta discursos que relativizan los crímenes de la dictadura, el gobierno ha debilitado las bases del Nunca Más. “La memoria colectiva está bajo ataque, y eso nos aleja de las garantías de no repetición”, destaca el CELS.

Acciones contra las políticas

El documento no se limita al diagnóstico; también expone las medidas tomadas por la organización para contrarrestar estas políticas. Desde litigios en la justicia nacional hasta denuncias ante organismos internacionales, el CELS sostiene que el camino para frenar este modelo es el trabajo articulado entre la sociedad civil y las instituciones defensoras de los derechos humanos.

El primer año de gestión deja un balance de profundos retrocesos en derechos sociales, políticos y culturales, según el informe. A un año de iniciado este nuevo modelo de país, las preguntas giran en torno a cuánto más podrá avanzar este esquema sin una reacción social más contundente.