El fiscal general Carlos Gonella, junto a Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, fiscales auxiliares de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado jurisdicción Córdoba, solicitaron hoy que el juez Sánchez Freytes frenar la puesta en venta del centro clandestino de detención conocido como “Perla Chica” o “Malagueño”, que funcionó durante la última dictadura militar.

Se trata de uno de los tres excentros clandestinos que está incluida en la lista de más de 400 edificios del Estado que subastará el gobierno. Los otros dos son “La Huerta”, situado en las afueras de la ciudad bonaerense de Tandil, y Puerta 8, un sector de Campo de Mayo sindicado como escenario de crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Javier Milei dio a conocer la semana pasada que se pondrán a la venta más de 400 inmuebles con el objetivo de "reducir gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el manejo de los bienes del Estado”. Lo hará a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y estiman una recaudación cercana a los 800 millones de dólares.

Entre esos edificios, se encuentra “La Perla”, ubicado en Córdoba, que está considerado como el mayor campo de concentración del interior del país. Funcionó entre 1976 y 1983 a 25 kilómetros del oeste de la capital de Córdoba y allí fueron detenidas y torturadas miles de personas secuestradas por las fuerzas armadas o por grupos de tareas dependientes del Poder Ejecutivo provincial o nacional.

En su escrito, los fiscales resaltan que es fundamental “preservar” el lugar en cuestión porque “a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados” con el espacio.

La medida impulsada por el Ejecutivo nacional fue repudiada por diversos organismos de Derechos Humanos. Desde HIJOS Capital expresaron su “enérgico rechazo a la puesta en venta del predio del ex centro clandestino de detención y torturas La Perla Chica”. 

X de H.I.J.O.S. Capital

El organismo explicó que ese claustro de aniquilamiento “fue parte del circuito represivo del Terrorismo de Estado en Córdoba” y que “está señalizado desde hace varios años y su funcionamiento está largamente probado en los juicios por delitos de Lesa Humanidad desarrollados hasta el momento”.

“La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”, expresaron por su parte desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

Las primeras subastas por parte del gobierno nacional se iniciarán antes de fin de año y se irán publicando progresivamente en los próximos meses. Se trata de propiedades que, en muchos casos, se encontraban en desuso o cuyo mantenimiento generaba altos costos para el Estado.