Sigue el plan motosierra: el gobierno avanza con el cierre de sedes del INTI en todo el país

El Gobierno nacional dio a conocer esta semana el cierre de 22 Unidades de Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en todo el país. La resolución firmada por el presidente del organismo, Daniel Afione, establece un plazo de 90 días para el cierre de las sedes. En mayo pasado, ya habían cerrado 8 sedes en la Patagonia. La decisión implica un nuevo achique en la planta de trabajo, que viene con conflictos desde la asunción de Javier Milei.

Las Unidades de Extensión que van a cerrar en el plazo de tres meses son: Vaqueros (Región NOA); Roque Sáenz Peña, Bella Vista, Goya, Virasoro, Andresito (Región NEA); Cruz del Eje, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, Bell Ville, Rio Cuarto, Santa Fe, Concordia y Gualeguaychú (Región Centro); Lobos (Región Pampeana); San Martin de los Andes, Villa Regina, Puerto Madryn y Esquel (Región Patagónica); Chilecito y San Luis (Región Cuyo). 

Asimismo, la resolución pide instruir a “la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la dirección administrativa, a arbitrar las acciones necesarias a fin de efectivizar el traslado del personal que presta servicios en las unidades de extensión mencionadas”. 

En los papeles, al disolver los ámbitos en los que trabajan, las personas que cumplían funciones en los centros disueltos podrán ser relocalizadas en cualquier otro lugar, muchas veces fuera de la provincia en la que actualmente residen. En caso de no aceptar esa relocalización, lo que el Gobierno ofrece es que tomen un retiro voluntario o que queden en una especie de limbo hasta por 12 meses, plazo en el que podrían formalmente echarlos de su trabajo.

El INTI es uno de los organismos estatales encargado de la investigación y desarrollo tecnológico, la certificación de calidad y la asistencia técnica a empresas. 

Las medidas contra el INTI comenzaron desde hace varios meses. En mayo pasado, el Gobierno anunció el cierre de 8 sedes en la Patagonia. En esa oportunidad, dieron de baja las centrales de San Martín de los Andes (Neuquén); Viedma, San Carlos de Bariloche y Villa Regina (Río Negro), Puerto Madryn y Esquel (Chubut), y las únicas 2 sedes en Río Gallegos (Santa Cruz), y Río Grande (Tierra del Fuego). 

A principios del mismo mes, se dio a conocer la intención del Ejecutivo de reducir un 30% del personal, lo que implicaría la pérdida de 1.000 puestos de trabajo. Además, los trabajadores consideraron que hay “despidos encubiertos” enmascarados como “relocalización”, “retiros voluntarios forzados” y “pases a disponibilidad”. Al mismo tiempo, el Gobierno comenzó con el plan de retiros voluntarios que, hasta julio, habían aceptado más de 300 trabajadores. 

Los conflictos escalaron durante los meses siguientes, con una fuerte movilización a principios de julio, donde los trabajadores fueron reprimidos en la sede de Villa Maipú, cuando protestaban por los despidos masivos. Semanas después, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y renovó el contrato de 153 empleados, que no iban a seguir en la empresa a partir de los recortes. No obstante, esos trabajadores podrían quedar ahora despedidos, ya que sus contratos terminan el 30 de septiembre. 

A todo este contexto, se le suma la decisión del gobierno de recortarle funciones, medida que se conoció la semana pasada.

Mientras tanto, en el marco del Día de la Industria, el presidente Javier Milei se presentó hoy en la UIA, en donde declaró: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”, y agregó: ”Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad en todos los sectores productivos".