Mientras la jueza María Eugenia Capuchetti no quiere ahondar en los posibles vínculos políticos detrás del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, su colega Marcelo Martínez de Giorgi tiene el temperamento opuesto en la causa por la que investiga a la agrupación ultraviolenta Revolución Federal en la que la vicepresidenta está como querellante.

En una notificación electrónica que envió el martes 15, el juez resolvió: “A los efectos de salvaguardar el más amplio derecho de defensa, desígnese a Matías Cúneo Libarona como abogado defensor de Flavio Caputo”, y le ordenó que acepté formalmente el cargo, medida que este martes se concretó.

Matías Cúneo Libarona había presentado varios escritos en la causa para explicar la supuesta relación comercial existente entre la empresa que encabeza Flavio Caputo, hermano del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, y Jonathan Morel, el carpintero a quien dicen haber contratado para la provisión de muebles de un edificio en construcción en la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén, donde el negocio inmobiliario vive en un boom a causa del crecimiento de Vaca Muerta.

En un escrito que se presentó hace tres semanas, se aseguró que el vínculo comenzó cuando se contrató a Morel para confeccionar una barra de bar en madera maciza para un salón de un barrio privado en la zona norte del conurbano. Luego como quedaron conformes con el trabajo y el precio se resolvió pedirle que hiciera 144 mesas de luz y otros muebles para un edificio de 60 departamentos en Añelo. Así de abrupto fue el salto.

En la misma resolución, el juez aceptó como querellantes en la causa a las legisladores porteñas Claudia Neira y Maia Daer, quienes habían denunciado a Revolución Federal en una causa que se tramita ante la justicia porteña.

Las dos diputadas del Frente de Todos le pidieron a juez Martínez de Giorgi que reclame a su colega porteño la causa que se instruye contra los miembros de la agrupación que lidera Morel, luego de haber sido hostigadas en un acto, dijeron a Data Clave allegadas a las legisladoras.

La idea de sumarse a la pesquisa de la Justicia federal obedece a la necesidad que “se unifique la investigación ya no de los casos puntuales de amenazas, sino como parte de la operatoria generalizada de Revolución Federal”, dijeron las fuentes consultadas.

La justicia porteña ya declinó la causa en favor de Martínez de Giorgi, quien ahora deberá realizar las indagatorias por lo cual iban a ser interrogados los miembros de Revolución Federal por el hostigamiento a las legisladoras.

También en el escrito de este martes, el juez hizo lugar a un planteo del fiscal Gerardo Pollicita para profundizar la investigación respecto de una serie de firmas comerciales que según la empresa de los hermanos Caputo habrían sido proveedores de diversos elementos para el edificio de Añelo.

Los procedimientos se realizaron en domicilios situados en Boulogne, Pablo Podestá y Loma Hermosa para que los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realice filmaciones y videos para constatar si en esos lugares existe la infraestructura y maquinaria necesaria para cumplir con los servicios que les habría requerido el Fideicomiso Espacio Añelo.

Los agentes también debían requerir que les entreguen los comprobantes impresos vinculados al mobiliario que se encargó para el equipamiento de edificio situado en el cruce de las rutas provinciales 7 y 17, de aquella localidad.

Todas esas medidas son para comprobar efectivamente lo que se sostiene en los escritos sucesivos que los hermanos Caputo presentaron ante el juez: que se construyó en Buenos Aires un edificio por el sistema de construcción en seco, que se lo trasladó y se armó en Añelo y que luego se dispuso su equipamiento.

Lejos de desconocer la relación con Morel, aseguran que “no cierra por ningún lado esa descabellada conexión ilícita que se pretende instalar en este expediente entre la sociedad anónima que presido y el supuesto accionar los imputados/ procesados”.