El reciente nombramiento de Mario Lugones como ministro de Salud generó su primera gran medida: pedir la renuncia de todo el Consejo de Administración del Hospital Garrahan. El detonante fue el bono de $500.000 que los directivos otorgaron a todo el personal, lo que generó malestar en el gobierno nacional al no coincidir con la pauta salarial vigente. Según explicaron desde la cartera de Salud, esta decisión no fue consultada con el Ejecutivo, lo que precipitó la reacción del nuevo ministro.

Sin embargo, es importante aclarar que el Hospital Garrahan funciona como un organismo autónomo. A pesar de que depende en un 80% del Estado nacional y un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención directa sobre su administración no es tan sencilla. El Consejo de Administración, encargado de las decisiones estratégicas y operativas, tiene independencia en la gestión, lo que complica los intentos del gobierno de remover a sus miembros de manera unilateral. Este tipo de movimientos implica negociaciones y procedimientos que exceden una simple solicitud de renuncia.

En este marco, Lugones avanzó con su pedido, argumentando que la decisión del Consejo de otorgarse el bono no fue acorde con la política de austeridad que el gobierno de Javier Milei viene impulsando, con la meta de alcanzar el déficit cero. Además, desde el Ministerio de Salud indicaron que el bono fue otorgado sin las consultas ni la evaluación previa de las autoridades nacionales, lo que motivó la rápida respuesta del ministro.

El conflicto con el Consejo de Administración, aunque significativo, no resuelve el trasfondo de la crisis que vive el Garrahan. Médicos y personal del hospital llevan meses reclamando mejoras salariales y denunciando la falta de recursos. Hoy, el personal volvió a manifestarse frente al hospital, realizando un abrazo simbólico en protesta, exigiendo un salario acorde al costo de la canasta familiar, así como una recomposición salarial del 100%.

El Garrahan, uno de los hospitales pediátricos más importantes de la Argentina, ha sufrido recortes en su presupuesto en los últimos años, afectando tanto a la capacidad operativa como a las condiciones salariales del personal. En el paro realizado en septiembre, los trabajadores demandaron un salario mínimo de $1.400.000, señalando que la inflación ha deteriorado su poder adquisitivo, mientras que los recursos destinados al hospital no se ajustan a las necesidades del centro de salud.

La decisión de Lugones de pedir la renuncia del Consejo de Administración marca una línea clara sobre la postura del gobierno respecto a la gestión de recursos públicos, pero no alivia el descontento de los trabajadores. El conflicto parece lejos de solucionarse, ya que el personal del hospital reclama no solo por mejoras salariales, sino también por una mayor inversión en insumos y equipamiento que permita mantener los altos estándares de atención del Garrahan.

"Dónde estás UPCN, adónde estás? Estás tranzando en el Consejo una vez más la rebaja salarial", cantan reclamando los trabajadores de la salud

La tensión entre el gobierno y los trabajadores del hospital refleja un problema estructural en la salud pública. El modelo de gestión del Garrahan, aunque autónomo, depende de las políticas macroeconómicas que afectan a todo el sector. La política de ajuste fiscal impuesta por el gobierno de Milei, con el objetivo de reducir el déficit, ha chocado de frente con las necesidades urgentes de los trabajadores de la salud, quienes consideran insuficientes las medidas propuestas hasta ahora.

Mientras el gobierno inicia el proceso de reemplazo del Consejo de Administración, los trabajadores del Garrahan continúan su plan de lucha. Exigen un diálogo efectivo con las autoridades para resolver la crisis y garantizar tanto las condiciones laborales como la calidad de atención en el hospital.