Días atrás la diputada nacional del bloque de Todos, Vanesa Siley, amplió los fundamentos del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Fue en la previa a la decisión del Máximo Tribunal de considerar el per saltum por el traslado de los magistrados, y en un clima enrarecido entre el Gobierno Nacional y miembros de la Corte.

Previo a que se conozca la resolución de la Corte respecto a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, Rosenkrantz se defendió ante las acusaciones de Siley con una extensa carta difundida en diversos medios. 

Entre los fundamentos de Siley, se cuestiona la posición del supremo juez en lo que refiere a los derechos humanos, incluyendo el fallo del 2x1 para los genocidas, por “cajonear” la causa que implica a Carlos Blaquier y por paralizar la Comisión Interpoderes.

En la respuesta, Rosenkrantz sostiene que “hace tiempo” es blanco de una persistente campaña de desprestigio “en distintas publicaciones  y por parte de distintas personalidades”. “Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno”, insiste el presidente de la Corte Suprema. 

Respecto al fallo del 2x1 (“Muiña” y “Batalla”), que motivó numerosas protestas y una votación unánime del Congreso en rechazo a la medida, Rosenkrantz sostiene que “los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Respecto a la no convocatoria de la comisión interpoderes, que se reunió por última vez en 2016, el ministro de la Corte sostiene que la convocó para el próximo jueves 8 de octubre “tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos”.

“Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno”, concluye la carta de Rosenkrantz, a días de que resuelva el fondo de los traslados de los magistrados.