La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Procurador General, Eduardo Casal, que emita un dictamen sobre el reclamo del gobierno nacional contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. 

El pedido del máximo Tribunal del país fue elevado “con el objeto de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”. 

Tras la ola de protesta y violencia que escaló en la provincia, el Gobierno, a través del ministro de Justicia Martín Soria, pidió a la “acción declarativa de inconstitucionalidad” de la reforma. Allí se cuestionó particularmente los artículos 67 inciso  4°, 94 y 95, que refieren al derecho a la protesta y al uso de la tierra por parte de pueblos indígenas. 

El gobierno nacional sostiene que la Constitución jujeña modificada “quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica” y “supone, en síntesis, una cuestión de altísima gravedad institucional”. Por lo tanto, la Corte debe intervenir como tribunal único por “competencia originaria”. 

“Es un criterio constante de la Corte Suprema  el de asumir la competencia originaria en aquellos casos en los que, mediante leyes o actos de autoridades locales, se alegue una repugnancia directa entre aquellas y normas de la Constitución Nacional”, sostuvo el Gobierno en el escrito presentado. 

“Tampoco debe soslayarse la innegable gravedad institucional que la cuestión conlleva, pues está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”, concluyó.