Recortes en DDHH: el Gobierno ratifica su postura a pesar de la denuncia por vaciamiento
“Vamos a seguir cortando con todos los gastos superfluos e innecesarios que fundieron al país", sostuvo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Qué dice la presentación judicial donde se señala al funcionario y al exjuez Alberto Baños por el incumplimiento de leyes que garantizan la preservación de los espacios históricos del terrorismo de Estado.
“Estos sinvergüenzas que ahora hacen denuncias para el show mediático, solo en 2023 dilapidaron cinco mil millones de dólares en políticas de género y llenaron durante años la Secretaría de Derechos Humanos de empleados militantes”. El funcionario agregó: “Vamos a seguir cortando con todos los gastos superfluos e innecesarios que fundieron al país. No me importa que me denuncien por hacer lo que está bien. Nos vemos en la justicia”.
Con una publicación en X (antes Twitter), el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona negó cualquier irregularidad en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), a pesar de los despidos masivos, los recortes y que muchas de las áreas se encuentran sin gente y sin posibilidad de mantenerse operativas.
La crisis escaló esta semana a los tribunales de Comodoro Py cuando la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, presentó una denuncia contra Cúneo Libarona y el secretario Alberto Baños por los despidos masivos y el desfinanciamiento que, según afirma, ponen en riesgo el funcionamiento de los sitios de memoria.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 6, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas, e incluye graves acusaciones: “Han adoptado medidas que afectan directamente la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento y despidos masivos”, señaló Montenegro. La legisladora también destacó que estas decisiones violan la Ley 26.691, que declara que los excentros clandestinos de detención deben conservarse como sitios de memoria para investigaciones judiciales y transmisión de memoria histórica.
Uno de los ejemplos más críticos es el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la exESMA, donde ya se contabilizan 252 despidos y se esperan al menos 300 más. Según denunció Montenegro, las áreas afectadas incluyen conservación, mantenimiento, educación y atención al público, lo que pone en riesgo incluso los acervos documentales que se han resguardado durante años.
En el mismo contexto, trascendió que algunos sitios de memoria, como el ubicado en Virrey Cevallos, que funcionó como centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea, podrían quedar completamente sin personal para garantizar su apertura. Montenegro también advirtió sobre la venta de terrenos que fueron utilizados como centros clandestinos, muchos de ellos con medidas judiciales de no innovar, y acusó a Baños de mantener un silencio cómplice frente a estas decisiones.
Además de los despidos, el Centro Cultural Haroldo Conti, un emblema de la memoria inaugurado en 2008, permanece cerrado por decisión de la SDH. Aunque Baños aseguró a coordinadores que no planea clausurarlo de forma definitiva, las actividades se encuentran paralizadas. Este sábado se realizó un festival en defensa del Conti, que incluyó una vigilia con velas bajo el lema: “La memoria sigue ardiendo”.
La denuncia de Montenegro busca que la justicia investigue si las acciones de Baños y Cúneo Libarona configuran un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. Según la legisladora, el desmantelamiento de estas políticas no solo viola la Constitución Nacional, sino que podría generar responsabilidad internacional para el país.