Eliminarlos o reformarlos es la consigna que divide aguas en el Congreso. Los fueros parlamentarios, considerados un privilegio necesario por algunos y un obstáculo a la justicia por otros, están en la mira del oficialismo y en el foco de un nuevo enfrentamiento político que promete marcar el pulso del Congreso.

La discusión surge en medio de un contexto particular, el presidente Javier Milei evalúa incluir en sesiones extraordinarias un proyecto para limitar o eliminar los fueros. El debate cobra fuerza tras el escándalo del senador Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con dinero no declarado. Este caso no solo puso sobre la mesa los privilegios parlamentarios, sino que también encendió el debate sobre la transparencia en la política.

¿Qué son los fueros y cómo funcionan en Argentina?

Los fueros parlamentarios están garantizados en el artículo 69 de la Constitución Nacional y reglamentados por la Ley 25.320 sancionada el 8 de diciembre deL 2000. Su objetivo original es proteger la división de poderes, asegurando que los legisladores puedan ejercer sus funciones sin ser detenidos o acosados judicialmente por motivos políticos. Sin embargo, no otorgan inmunidad absoluta.

La normativa permite que los procesos judiciales avancen, aunque limita las detenciones y otras medidas restrictivas, como allanamientos, mientras los legisladores están en ejercicio. Solo pueden ser privados de su libertad si son sorprendidos in fraganti o si el Congreso vota su desafuero con una mayoría de dos tercios.

Esta regulación surgió en un contexto histórico particular, tras el escándalo de los sobornos en el Senado durante la aprobación de la ley de reforma laboral en eL 2000, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa. En aquel momento, la necesidad de regular los privilegios parlamentarios fue vista como una forma de restaurar la confianza en la política.

¿Qué propone el oficialismo?

El gobierno de Milei busca instalar el debate en torno a una reforma que podría limitar o eliminar este sistema de inmunidades. Desde el oficialismo, sostienen que los fueros se han convertido en un símbolo de una política que se percibe como lejana y privilegiante frente a los problemas cotidianos de la ciudadanía.

“Esto se tiene que terminar. Si la política tradicional quiere mantenerlo, que dé el debate y quede expuesta frente a la sociedad”, expresó una fuente cercana al presidente.

En este contexto, el caso Kueider es utilizado como ejemplo de cómo los fueros pueden dificultar que la justicia actúe de manera rápida y efectiva. Si bien el senador entrerriano no está amparado por fueros fuera del país, el episodio reavivó el debate sobre su utilidad y límites.

Además de los legisladores, otras figuras como el presidente, el vicepresidente y los ministros también cuentan con protecciones legales. Según el artículo 53 de la Constitución, el presidente solo puede ser juzgado mediante un juicio político, un proceso complejo y excepcional.

La Ley 25.320, aunque se aplica principalmente a parlamentarios, también regula el procedimiento para desaforar a miembros del Ejecutivo en caso de que enfrenten causas judiciales. En este sentido, la normativa busca garantizar la estabilidad institucional mientras permite que las investigaciones avancen.

El conflicto en torno a los fueros no es nuevo, pero la posibilidad de su reforma plantea interrogantes sobre el equilibrio entre independencia de poderes y la necesidad de transparencia. En un contexto de alta desconfianza hacia la clase política, la eliminación o limitación de estos privilegios podría ser vista como una señal de cambio, aunque no sin riesgos.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas, con posturas enfrentadas dentro y fuera del Congreso. Mientras tanto, el gobierno busca aprovechar el contexto para consolidar su imagen reformista y marcar distancia frente a los sectores tradicionales de la política.