Procesaron con prisión preventiva y embargos millonarios a los principales laderos del ex senador Edgardo Kueider, en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión la tomó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, que investiga un complejo entramado de empresas fantasma y testaferros usados ​​para sacar dinero negro del Estado entrerriano y otras fuentes.

Los procesamientos alcanzan a contadores, ex secretarios y familiares cercanos del ex legislador, actualmente detenidos en Paraguay, junto a su ex secretaria Iara Guinsel Costa. Ambos fueron capturados cuando intentaban entrar a ese país con 211 mil dólares sin declarar. El auto en el que se movían tenía el nombre de un tercero, pero Kueider tenía una cédula azul para circular con él. Hoy, permanecen con arresto domiciliario en Asunción, mientras avanza el pedido de extradición por parte de la justicia argentina.

Entre los procesados ​​con prisión preventiva figura el contador José Noguera, a quien también le trabaron un embargo por 7.800 millones de pesos. La magistrada lo señaló como coautor de lavado de activos doblemente agravado, por la habitualidad y por integrar una asociación ilícita. También lo acusó de falsedad de balanzas y de utilizar documentos privados truchos como partícipe necesario.

El listado incluye además a Ernesto Rubel, primo de Kueider, señalado como uno de sus testaferros, y a Rodolfo Daniel González, quien fue su secretario en el Senado. Ambos también seguirán presos, con embargos similares. En cambio, a Adriana Crucitta le dictaron arresto domiciliario con tobillera electrónica y un embargo de 3 mil millones de pesos.

Otro nombre fuerte que quedó comprometido es el de Ezequiel Bovetti, que aparece en la estructura societaria creada para mover fondos en negro. Según la investigación, Bovetti está involucrado en varias de las firmas creadas en torno al ex legislador y recibió un embargo de 5 mil millones de pesos. También quedaron con la domiciliaria Rita Soledad Machuca, ex secretaria de Kueider, y Gabriela Saint Pierre, esposa del contador. Ambas tienen embargos por 3 mil millones.

Entre los procesados ​​sin prisión preventiva figura Débora María Ferreyra, con un embargo de 1.000 millones de pesos, lo que indica el volumen de dinero que manejaba esta roja. Pero lo más llamativo es que, aplicando la nueva normativa sobre personas jurídicas, la jueza también procesó a varias empresas, entre ellas Lectus SA, Felsir Biotecnología, Vijusa Industrial Argentina, Nopor Service y Via SNP Logística, con embargos de hasta 120 millones de pesos. En paralelo, declaró la rebeldía de Betail SA, la firma clave del circuito, que nunca se presentó ante la justicia.

Una de las pruebas más contundentes para la jueza fue el intento fallido de mover dinero ilegal a Paraguay. Según consta en el expediente, Iara Guinsel Costa, la secretaria personal del ex senador, llegó a pagar en efectivo más de 460 mil dólares por seis departamentos en Asunción, aunque la operación fue cancelada y el dinero le fue devuelto. Todo indica que buscaban blanquear parte del botón en territorio guaraní.

La causa Securitas, que dio origen a esta investigación, sigue generando ramificaciones. En ese expediente original, ya se había apuntado al uso de firmas de seguridad como pantalla para canalizar fondos públicos en contratos amañados. Ahora, con esta nueva tanda de procesamientos, la justicia federal intenta cerrar el círculo sobre lo que ya se perfila como una de las mayores redes de lavado vinculadas a la política entrerriana en los últimos años.

El pedido de extradición de Kueider y Guinsel Costa ya fue enviado por la jueza Arroyo Salgado a las autoridades paraguayas, mientras Interpol mantiene vigente la alerta roja. En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP analizan los movimientos bancarios y societarios de los implicados, que podrían derivar en nuevas imputaciones.