El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tras comprobarse un desvió fondos que debían destinarse al Plan Potenciar Trabajo y se usaron para financiar política partidaria.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente.

Concretamente, a Belliboni se le imputa la presentación de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma llamada Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real. 

La empresa recibió pagos por servicios no prestados, lo que permitió a Belliboni y otros involucrados desviar fondos públicos, según el expediente.

El juez Sebastián Casanello sostuvo en su escrito que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.

"Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, agregó al respecto.

"Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública", remarcó el juez.

En otra parte del extenso fallo, el magistrado entendió que “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. 

“Nuevamente se puso de manifiesto aquí el propósito de financiar y robustecer la actividad político–partidaria. Es la contracara del primer desvío, pues el desfinanciamiento de la unidad de gestión implicó hacer a un lado la contraprestación y reemplazarla, sustancialmente, por la obligación de marchar bajo la bandera del Polo”, concluyó el fallo.