El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) dilatan la reunión de comisión para investigar a los legisladores que visitaron a genocidas en el penal de Ezeiza y crece la desconfianza en el peronismo y otros sectores opositores que sospechan que hay un intento de estirar los plazos para que el tema pierda peso en la agenda.

El encuentro estaba citado para el jueves al mediodía en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que lidera Silvia Lospennato (PRO). Sin embargo, no se terminó llevando a cabo. El argumento que dieron a Data Clave fue que venían de una sesión maratónica que tuvo más de 20 horas de debate y que no había “cabeza” -aluden cansancio corporal y mental- para llevar a cabo la reunión.

En esa reunión de comisión se iban a determinar los pasos a seguir para definir qué hacer con los seis diputados que visitaron a militares condenados por los delitos de lesa humanidad y que actualmente se encuentran cumpliendo su condena en el penal de Ezeiza, hecho que se dio a conocer luego de una investigación exclusiva de Data Clave.

Fuentes parlamentarias confirman a Data Clave que la reunión de comisión se termina postergando para la próxima semana y el día sería el martes, también en horas del mediodía. “La sesión terminó muy tarde y estuvimos 24 horas sin dormir. Teníamos la cabeza puesta en otra cosa”, le dijeron a este medio.

La reunión de comisión será para investigar a Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, legisladores del bloque de La Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza.

El miércoles, en medio de la sesión por el financiamiento a las universidades y otros puntos, hubo un pedido de moción de la izquierda para agregar en el temario la posibilidad de aplicar sanciones contra los diputados mencionados. A pesar del acompañamiento del peronismo, la negativa de radicales y el PRO impidió que esto progresara. Lo curioso de esta votación es que Bonacci, partícipe del encuentro, votó a favor de las sanciones.

“Lo de Del Caño estuvo fuera de lugar. Ya lo habíamos aclarado en la comisión. Lo que quiso fue salir en los diarios y por eso nadie acompañó”, manifestó un diputado del radicalismo a Data Clave que votó en contra. Los únicos radicales que acompañaron fueron Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa) y Pablo Juliano (Buenos Aires). Estos diputados mencionados hoy no son conducidos por el cordobés Rodrigo de Loredo y se los asocia más a las imágenes de Martín Lousteau y de Facundo Manes.

El debate por las sanciones no parece ser un tema central para la agenda del Congreso y parece ser más una presión de los diputados intentando dar respuesta a un tema que generó un gran revuelo mediático por la investigación de Data Clave. 

En el peronismo hay sospechas de que tanto el PRO como el radicalismo buscan dilatar esta reunión para estirar los plazos y que el tema pierda peso en la agenda. De todas maneras, UxP fue quien acordó la creación de la comisión y retiró los proyectos de repudio o pedido de sanción. El miércoles se limitó a acompañar una moción de la izquierda y a sabiendas de que esto no iba a prosperar.

La visita de genocidas no es un tema únicamente del Congreso. El viernes pasado la Justicia Federal de Lomas de Zamora por requerimiento del fiscal Sergio Mola, secuestró el libro de ingreso y de visitas del complejo de la ex Unidad 31 del penal de Ezeiza y se llevaron las filmaciones de las cámaras de seguridad.

La causa que está delegada en la fiscalía unificó las denuncias del abogado Pablo Llonto y el fiscal Felix Crous y la diputada Arrieta. A mediados de febrero el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida condenado a perpetua Jorge Olivera (alias "El Carnicero"), se cargó al hombro la organización y el armado de un grupo de personas para impulsar un plan que tiene como objetivo final la concreción de un proyecto que ponga fuera de la Cárcel a condenados por delitos de Lesa Humanidad.

En ese grupo, hubo varios diputados de La Libertad Avanza que quedaron retratados en una foto que dio a conocer en exclusiva Data Clave. El que encabezó desde el palacio legislativo esa comitiva es el entrerriano Beltrán Benedit que supo conseguir el apoyo de otros cinco legisladores libertarios que visitaron el penal de Ezeiza.

Este portal dio a conocer detalles de la denuncia que incluye chats en un grupo de WhatsApp donde se llevó adelante la organización. Las charlas mencionan a la ministra de Seguridad y amplían la sospecha al Servicio Penitenciario Nacional por su rol en la visita de los diputados.

En ese marco, también se conoció que 13 organismos de derechos humanos le enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, donde pidieron explicaciones sobre el rol que pudo haber tenido la jueza civil Agustina Díaz Cordero en el plan para liberar genocidas.