La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un paso clave en el proceso de venta de acciones de empresas estatales al reglamentar los requisitos para que estas compañías puedan ingresar al mercado de capitales. La nueva normativa, publicada esta semana, abarca a empresas públicas sujetas a privatización, como Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Enarsa, Intercargo y Aysa, entre otras.

El marco regulatorio prevé un régimen contable especial, aplicable de forma transitoria durante dos años, y define los requisitos para que estas empresas puedan ofrecer sus acciones en la Bolsa. La solicitud de ingreso deberá ser realizada por el representante legal de la compañía, o por un mandatario con poderes suficientes, e incluir un acta de asamblea que avale la decisión de entrar en la oferta pública de acciones.

Dentro de las condiciones exigidas, la CNV destaca que las empresas deberán presentar los estados contables de los últimos tres años, siempre que estén auditados y aprobados por un auditor externo. En caso de que la compañía no cuente con estos tres períodos, será suficiente con presentar el último estado contable disponible. Esta documentación, acompañada por informes de los síndicos, es crucial para garantizar la transparencia en el proceso de privatización.

Además, las empresas que lleven más de cinco meses desde la última auditoría deberán entregar una reseña informativa que detalle su situación patrimonial y financiera. Esta reseña debe incluir información sobre los niveles de actividad recientes y las perspectivas a corto plazo, así como indicadores clave como liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

El régimen contable especial incluye la presentación de una declaración jurada por parte del representante legal de la empresa, certificando que no hubo cambios significativos en su situación económica desde el último informe presentado. Asimismo, las compañías deberán proponer un plan de regularización, que no podrá exceder los dos años, para corregir posibles deficiencias en la preparación de sus estados financieros.

La CNV también deja en claro que todas las emisoras incluidas en este régimen deberán continuar presentando sus estados financieros de manera anual e intermedia, cumpliendo con las normativas establecidas por el organismo. Este régimen se aplicará desde el momento en que la empresa presente su solicitud y mientras permanezca en la oferta pública.

La resolución entra en vigencia el 18 de octubre de 2024, marcando un hito en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para avanzar en la privatización de empresas estatales. Este proceso busca atraer inversiones privadas mediante la venta de participaciones accionarias, una política que ha generado tanto expectativas como críticas en los sectores más afines a las políticas de control estatal.

Este avance normativo se da en medio de debates sobre la sostenibilidad y conveniencia de la privatización de activos públicos, especialmente en áreas estratégicas como la energía y los servicios públicos. Con esta resolución, el Gobierno busca allanar el camino para que las compañías estatales puedan transitar un proceso de transformación hacia una mayor participación privada en sus estructuras.