Pelea por los fondos: el paso a paso de la disputa entre Nación y Ciudad que este lunes suma un nuevo capítulo

Este lunes el Boletín Oficial promulgó el "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones ele Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sancionada el 10 de diciembre por el Congreso. Este convenio, es lo que se conoció como “la quita de fondos a la Ciudad”, primero a través del decreto 735 publicado el 10 de septiembre de este año y ahora reemplazado por la norma en cuestión. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia tras ese decreto, y lo volverá a hacer este lunes cuando se promulgue la Ley.

En 2016 Mauricio Macri transfirió a la Ciudad los servicios de la policía federal y debía también asignar los recursos correspondientes según dicta la Constitución Nacional. Junto a Larreta, coordinaron para suplir esos recursos aumentando la masa coparticipable de la Ciudad (de 1,4% a 3,75%; en 2018 se redujo a 3,5%) y no asignando un número nominal a los gastos que esta transferencia exige. En aquel momento, el por entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció acompañado por gobernadores peronistas que aquella transferencia se haría “con los recursos presupuestarios correspondientes” y que serían muy estrictos para que “específicamente lo que se transfiera a la Ciudad sea el costo de la policía federal”. 

Según lo dispuesto por el expresidente, era la Comisión Federal de Impuestos (CFI) -órgano integrado por todos los ministros de Economía provinciales- la que debían auditar los gastos en seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Pero la CFI se desatendió de este deber al señalar en un dictamen interno que esos fondos no corresponden a materia coparticipable entonces no era competencia de este órgano supervisar estos gastos. Desde el Ministerio de Economía de la Ciudad presentaron anualmente los gastos que la seguridad les representaba, pero todos esos informes se quedaron en la mesa de entrada de esta comisión. 

Lo resuelto en el decreto firmado por Macri en febrero del 2016 que aumentó la coparticipación porteña a 3,75% estuvo vigente hasta enero de 2018, cuando se promulgó la Ley sancionada por el Congreso que ratificaba el Consenso Fiscal acordado entre el expresidente y los gobernadores y que reducía el porcentaje en cuestión a 3,5%. Esa reducción se debió a que a la masa coparticipable se le agregó un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y el incremento de la asignación específica del Impuesto al Cheque.

Finalmente, en septiembre de 2020 en el medio de un conflicto con la policía bonaerense, el presidente Fernández decretó la reducción de la coparticipación porteña de 3,5% a 2,32%, para transferir esos recursos a la provincia de Buenos Aires para la construcción de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Tras la publicación de este decreto, Rodríguez Larreta buscó su impugnación ante la Corte Suprema, que aún no opinó al respecto.

Meses más tarde el Congreso sanciona el Convenio de Transferencias que reemplaza ese decreto 735 con algunos cambios sustanciales. El primero, es que reduce el coeficiente coparticipable al 1,4%. El segundo, es que determina que la transferencia de recursos para los gastos de seguridad serán actualizados trimestralmente y que esa actualización deberá ser acordada entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño en un plazo de 60 días una vez sancionada la Ley. Y que mientras, el monto que girará el Gobierno será “en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de pesos veinticuatro mil quinientos millones ($ 24.500.000.000), que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.

Además, le da atribuciones -nuevamente- a la CFI “en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016”.

“La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado”, sostienen en el Gobierno de la Ciudad, que hará este lunes una nueva presentación ante la Corte Suprema. Y dirán en esta presentación que en 2021 la Capital Federal perderá $65.083.500. 

Ante esta disputa judicial, el Gobierno cuenta con un punto a favor, y es que esta nueva asignación de recursos coparticipables fue aprobada por el Congreso. En parte por eso es que el oficialismo se apuró a corregir el decreto, con el fin de deslegitimar la defensa porteña. Por este conflicto, es que Larreta se negó a firmar el Consenso Fiscal acordado entre Alberto Fernández y 21 provincias semanas atrás. En este pacto -al igual que el firmado en épocas de Macri- las provincias se comprometen a desistir de las demandas presentadas ante la Justicia contra el Estado Nacional.

No obstante, aún resta mucho por verse. Y habrá que esperar, la Corte Suprema ya mostró que no actúa a los apurones y posiblemente el año electoral postergue ciertas definiciones.