La causa que investiga la posible violación a las normativas vigentes para el cuidado de la ciudadanía en el marco de la pandemia por parte de Alberto Fernández y su entorno, dio un paso importante este jueves. El fiscal Ramiro González imputó formalmente al presidente, a Fabiola Yáñez y a otras nueve personas que participaron de las reuniones en la quinta de Olivos durante la cuarentena, "en clara violación de las normativas vigentes por imperio de los sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia".

En el escrito -al que accedió Data Clave- el representante del ministerio público sostuvo: "Teniendo en cuenta las características de la denuncia relacionada con el evento del 14/7/21, la prueba solicitada y recolectada respecto de la misma, como asi también las diferentes presentaciones efectuadas por los Dres. Mariano Lizardo; Juan Pablo Fioribello de fecha 16/8/21; Pablo Slonimsqui; Jorge Luis Ballestero de fecha 19/08/21, Alejandro Rúa de fecha 17/08/21, Mauricio D’Alessandro y Marcos D’Alessandro T. de fecha 19/08/21; y los Dres. Burlando y Amendola de fecha 25/8/201, y a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa como se consignara en el proveído de fecha 19/8/21; es que considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel FERNANDEZ, Fabiola YAÑEZ, Carolina MARAFIOTI, Severina Sofía Elizabeth PACCHI, Florencia FERNANDEZ PERUILH, Santiago BASAVILBASO, Emanuel Esteban LOPEZ, Fernando Daniel CONSAGRA, Rocío FERNANDEZ PERUILH, Federico ABRAHAM y Stefanía DOMINGUEZ. En consecuencia notifíqueselos en los términos de los art. 72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación".

Justamente minutos antes de conocerse la imputación, el presidente Alberto Fernández se había presentado por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se pudo haber causado. Como resarcimiento, el jefe de Estado ofreció donar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario, de $315.259 al Instituto Malbrán.

La presentación se realizó de manera electrónica ante el Juzgado Criminal y Correcional Federal 7 y Fernández decidió representarse a si mismo. Fuentes cercanas al gobierno detallaron que "técnicamente no es un delito pero ofrece resarcimiento. No hay dolo. Es un delito abstracto. Puede haber una conducta reprochable. La reparación no admite culpa".

La presentación efectuada por el presidente se trata de una conciliación y deberá homologar el juez y si lo hace se extingue la acción penal. 

A través de su cuenta de twitter, Gregorio Dalbón, el abogado que, hasta el momento lo venía representando, confirmó la información: "El Presidente se presenta como un Ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito. Fin de la estrategia", sostuvo el penalista.