Oficialismo estudia pasos a seguir tras dictamen judicial que pide evaluar sanciones contra Milman

Data Clave viene contando un incidente judicial ocurrido en abril de este año en el cual Gerardo Milman quedó involucrado. Se trata de un accionar cuanto menos cuestionable tratándose de un diputado nacional lo suficientemente grave para que un fiscal nacional pidiera a la Cámara baja que estudie posibles sanciones. 

El hecho comenzó cuando el legislador de Juntos por el Cambio acudió a socorrer a una allegada ante la detención en un control policial de la ciudad de Buenos Aires. Ocurrió el pasado 4 de abril de 2022 cuando María Luz Lanusse Peralta Ramos se encontraba circulando con un rodado marca Peugeot modelo 2008 Sport 1.6 (dominio AF-068-CS) y fue detenida en la intersección de Bullrich y Cerviño por personal de tránsito del gobierno porteño quien, al advertir que tenía una licencia de conducir apócrifa, dispuso el secuestro del vehículo.

Según contó este portal accediendo a las actuaciones judiciales, minutos después de este secuestro, “Milman se hizo presente en el lugar del control manifestando ser titular del vehículo (a pesar que el dominio se encuentra registrado a nombre de la Metalúrgica Oliva Hnos. S.A. siendo él el único autorizado a circular con cédula azul)” y luego de exponer su condición “diputado nacional”, se quejó visiblemente por el accionar del personal policial y el fiscal interviniente en supuesto perjuicio de la que el mismo Milman refirió como “su mujer”.

Para sumar tensión al clima enrarecido en el que devino el control de transito, Milman presentó una denuncia ante la justicia penal nacional en la que acusó al Secretario de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 por los "delitos de hurto agravado y el de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La respuesta judicial desestimó la denuncia del diputado pero agregó otro párrafo a la historia, no menos contundente, el dictamen del fiscal en su parte final plantea que “lejos de adoptar una conducta centrada y ajustada al ordenamiento vigente, desde el punto de vista de la moral y ética que debe tener cualquier funcionario, en este caso un Diputado de la Nación, se mostró ofuscado y cuestionó el accionar policial, situación que lo llevó a denunciar hechos que ni siquiera constituyen delitos de acción pública”. 

Y antes de desestimar categóricamente la denuncia por “inexistencia de delito”, el fiscal consideró prudente “notificar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina acerca de la actitud asumida por el mencionado Milman a los fines disciplinarios que estime corresponda”.

La notificación a Diputados 

Data Clave accedió a la notificación y confirmó que llegó a la presidencia de Diputados antes de mediados de año. Por estas horas, Diputados del FdT estuvieron siguiendo de cerca las publicaciones periodísticas y llegaron a la misiva judicial para interpretar qué tipo de sanción podría corresponder al accionar de Milman. El último antecedente de un legislador excluido del cuerpo es el de Julio De Vido durante su mandato como diputado en 2016.

En dicho caso, dos jueces federales pidieron el desafuero al entonces diputado por dos causas judiciales distintas. El pedido de la justicia fue tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales que presidia el macrista Pablo Tonelli y avalado en el recinto de la Cámara.

Más cerca, el famoso caso del “dipu-teta”, Juan Ameri (FdT), que tuvo una conducta íntima frente a las cámaras del zoom con el que se desarrollaban las sesiones virtuales durante la pandemia. En ese caso, se había decidido crear una comisión especial para estudiar posibles sanciones, el legislador por Salta finalmente renunció por presión interna del propio bloque oficialista.

Uno de los legisladores con conocimiento en materia judicial dentro del bloque oficialista sugirió la posibilidad de ir por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, un cuerpo destinado a la discusión de cuestiones internas y reglamentarias. La otra posición es que el debate se dé en la comisión de Asuntos Constitucionales, tal cual el caso citado de De Vido. Ambas están en manos de diputados oficialistas.

Una tercera opción, con igual peso que las anteriores, indica que el tema podría enfriarse y despegarse de un ámbito de discusión política como el Congreso. Una fuente con acceso a los principales despachos parlamentarios del Frente de Todos explicó a este portal que avanzar con alguna sanción podría complicar el clima y la convivencia con la oposición. En este sentido, creen mejor la alternativa de que toda acción por posible conducta fuera de lugar del diputado macrista corra por vía judicial.

Con la confirmación de la resolución de la denuncia rechazada y el pedido del fiscal, Diputados tiene que tomar la decisión política de avanzar, en caso contrario, no habrá sanción. En estas situaciones, no hay tipificación reglamentaria que imponga castigo, por lo que, el número que ostenta la oposición y el posible rechazo, también deberá entrar en los cálculos. 

Una empresa con muy buenos contactos

Otro dato que llamó la atención es que el vehículo conducido por la mujer a la que Milman acudió a rescatar, es propiedad de una empresa contratada por Presidencia de la Nación, la Casa de la Moneda, el ministerio de Seguridad y los bancos Nación, Central y Provincia de Buenos Aires durante la gestión Cambiemos. 

Se trata de Metalurgica Oliva, con sede en Burzaco, fundada en 1990 y con un desarrollo muy importante a partir de 2015. Según su propia página web, “su crecimiento llevó a la construcción de una nueva planta modelo de 8000 m2 inaugurada en julio de 2018”. El rubro principal es la seguridad bancaria y comercial, “desde los cristales de seguridad y el entintado de valores y documentos hasta el armado de camiones de caudales y camiones blindados FFSS preparados para procedimientos contra el delito y muchedumbres”.

Justamente en aquel “próspero” 2018, los representantes de la firma iniciaron las negociaciones con la cartera que, por entonces, era conducida por Bullrich, secundada por el mismísimo “Jerry” para ofrecer los servicios de blindaje de vehículos para traslado e intervención de Fuerzas Policiales y de Seguridad. 

Recibidos por Martín Siracusa, uno de los colaboradores de mayor confianza del tándem Bullrich-Milman, los empresarios presentaron sus “unidades contradisturbios, con capacidad para trasladar diez policías equipados con material completo, un oficial y un chofer, con resistencia balística en toda su carrocería monocasco”. Según consta en la presentación efectuada a la cartera de Seguridad, “ambas unidades poseen detalles de terminación, amplios espacios de guardado y armeros con cerraduras para guarda de armas de uso letal”.

La metalúrgica también desarrolló muy buenas relaciones con otras dependencias del Estado a quienes supo venderles sus productos y facturarles importantes sumas de dinero. Por ejemplo el 23 de julio 2019, se le adjudicó el “traslado e instalación de castilletes para Casa de la Moneda”, tareas por las que percibió más de dos millones cien mil pesos. La fabricación de treinta “tesoros móviles para existencia” (tercera partida del 2019), por un total de $ 54.450.000.