El gobierno argentino se diferenció de la resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena enérgicamente la invasión “ilegal, injustificada y no provocada” de Ucrania por parte de Rusia y replicó lo difundido por Cancillería este jueves.

En dicho comunicado, la Casa Rosada lamentó “profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania” y apuntó su “firme rechazo al uso de la fuerza armada”. Además, llamó a Rusia a “cesar las acciones militares en territorio ucraniano”.

“La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, manifestó el área diplomática que conduce el canciller Santiago Cafiero.

El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reiteró “la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos”.

La declaración mayoritaria fue apoyada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, que tuvo como representante a un enviado del dirigente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Juan Guaidó.

Tweet de OEA

El texto impulsado por la OEA asegura que la operación militar rusa en Ucrania es contraria a los “principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y a la resolución pacífica de las controversias, que están consagrados en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas”, y concluye: “en particular en lo relativo a la protección de la población civil y de quienes no participan en las hostilidades”.