Tras el receso invernal, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzó en un pedido de información al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la causa que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

El pedido contempla "el listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas; los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana; y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando" y "que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda".

El proyecto fue firmado solo por miembros del oficialismo, ya que miembros de la oposición se retiraron y, al respecto, Oscar Parrilli, presidente de la Comisión expresó: "no me llama la atención de la ausencia de los senadores de Cambiemos. Hay coherencia en su actitud de no debatir sobre este tema; con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de la Corte de cuatro miembros, dos de ellos que aceptaron ser designados por decreto". 

"No estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes", agregó el senador, al tiempo que destacó: "nos parece gravísimo que (miembros de la Corte) estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes".

En octubre de 2021, la Corte Suprema tomó la decisión de realizar una auditoría en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Fue luego de recibir un informe del secretario general de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, quien quedó a cargo de la obra social tras conocerse una investigación contra el titular de la institución, Aldo Tonón, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.