A Marcos Jacobo Levín le habían quitado la tobillera electrónica  unos días atrás. Su pierna hinchada y edemosa no permitía ese lazo que la Justicia le había puesto luego de condenarlo a 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad de los que tardía y cómodamente transitó solo uno y en su casa. 

Murió hace pocas horas, internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a donde lo habían trasladado para atender sus dolencias. Tenía 90 años y pagó solo un año y unos pocos días por el secuestro y tortura  de diecisiete trabajadores y trabajadoras de la empresa de transporte de la que era dueño: La Veloz del Norte. 

Se encargó de señalar a uno por uno, varios de ellos delegados, a mediados de enero de 1977. Le eran molestos porque desde hacía un tiempo venían reclamando mejoras en las condiciones laborales y aumento de sueldos. Entre el 20 y el 24 de ese mes las fuerzas de seguridad se llevaron del trabajo y de sus casas a Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.

Para justificar y darle una cobertura legal a la persecución, Levín denunció a los diecisiete por fraude, un delito que nunca fue comprobado. Los llevaron tabicados y golpeados y donde luego supieron era la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. Para cumplir con la generales de la ley que hacían imperar, fueron torturados hasta que terminaron firmando "confesiones" de cosas que jamás habían hecho. Con eso, y luego de días interminables, fueron liberados o en algunos casos trasladados al Penal de “Villa Las Rosas” para posteriormente ser despedidos de "La Veloz del Norte" por subversivos y ladrones. 

Con la llegada de la democracia los trabajadores recurrieron a la Justicia para denunciar lo sucedido, y se declaró que los delitos de los que habían sido víctimas eran de lesa humanidad. Levín, entonces, fue el primer empresario condenado por delitos imprescriptibles y tuvo dos condenas: la primera a doce años de prisión en 2016 por el secuestro y torturas a Víctor Manuel Cobos, un chofer al que había mandado secuestrar en Tucumán; y la segunda en noviembre de 2023, a 18. Un día antes de la segunda condena la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la primera.

Los trabajadores relataron que Levín y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados e interrogados sobre su actividad gremial y política y que la empresa entregó listados de las personas a detener y aportó vehículos que fueron utilizados para trasladarlos. Señalaron también que el empresario mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local y que varios efectivos trabajaban o habían trabajado para él.

En la sentencia de primera instancia de 2016 los jueces Federico Díaz y Carlos Enrique Jiménez Montilla, habían afirmado: "Es innegable la adhesión de Levin al plan criminal instaurado por el gobierno militar tanto en sus métodos como en su finalidad, manifestándose tal adhesión en la persecución a los gremialistas como objeto de represión tal como estaba dispuesto en los documentos del Ejército, seleccionando a quien detener (...), y de entre los detenidos, a quien torturar, y hasta en qué momento llevarlos presos, continuando la persecución de tal modo, que una vez recuperada la libertad por la víctima, procuró evitar que consiguiera trabajo. Su participación en la dirección de los procedimientos ilegales, con pleno conocimiento de los hechos, resulta palmaria con su recurrente presencia en la comisaría”.