El gobierno de Javier Milei decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos que regulan la negociación salarial en el Sector Público Nacional, en sintonía con su plan de ajuste fiscal. La medida se oficializó este martes 7 de enero mediante la Decisión Administrativa 1/2025, firmada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

Esta disposición prolonga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, emitida en febrero del año pasado, que busca establecer criterios para optimizar recursos, garantizar "equidad salarial" y ajustar los convenios colectivos al presupuesto disponible.

La norma establece cuatro lineamientos principales:

  • Actualización salarial: Las retribuciones deben ajustarse mediante negociaciones colectivas que respeten el marco normativo y las previsiones presupuestarias, según la Ley N° 27.701 y el Decreto N° 88/2023.
  • Paritarias generales: Las actualizaciones de salarios en organismos y empresas estatales deben basarse en la Ley N° 24.185, que regula las negociaciones generales.
  • Restricciones presupuestarias: Las negociaciones deben limitarse a los recursos asignados, promoviendo eficiencia y equidad.
  • Comisión Técnica Asesora: Este organismo se encarga de definir medidas y agendas para ajustes salariales dentro del Sector Público Nacional.

Además, cada jurisdicción y organismo debe velar por el cumplimiento de estas disposiciones en sus respectivas áreas.

La prórroga llega en medio de tensiones por la falta de acuerdos en las paritarias estatales. En diciembre pasado, la Casa Rosada convocó a los gremios para discutir los incrementos de 2025, pero las negociaciones no lograron avanzar.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusaron al Gobierno de usar la demora como estrategia para profundizar el ajuste fiscal. Según el sindicato, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos cayó un 40% desde la asunción de Milei, considerando la inflación acumulada del 112% frente a incrementos salariales del 73% en 2024.

El gremio exige una suma fija compensatoria para los sectores más afectados, como el personal civil de las Fuerzas Armadas, trabajadores del SINEP y empleados del área de Salud.

A la pérdida salarial se suma la incertidumbre laboral: desde diciembre, más de 35.000 empleados estatales fueron despedidos, mientras que 57.000 contratos temporales vencieron al cierre de 2024 y aún no se confirma cuántos serán renovados.

La decisión de extender estos lineamientos refuerza el discurso del Gobierno sobre la necesidad de achicar el Estado, pero también intensifica el malestar en los gremios. Mientras tanto, los despidos y ajustes profundizan las críticas hacia la administración Milei, que se enfrenta a crecientes reclamos sindicales y sociales.