Un nuevo frente judicial se abrió para el Gobierno nacional en torno al cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a multas de 2020. Esta vez, de la mano de una acción colectiva que exige que el Ministerio de Salud lleve adelante los trámites necesarios para garantizar el acceso a los medicamentos esenciales para realizar abortos legales. La causa fue impulsada por la Asociación Civil “La Ciega” y ya fue formalmente inscrita en el Registro Público de Procesos Colectivos, con el aval del juez Alejo Ramos Padilla.

El planteo tiene un eje central: que el Estado adquiera y distribuya Misoprostol y Mifepristona, los fármacos esenciales para garantizar abortos seguros y legales, tal como lo establece la norma vigente. Según la organización, desde hace un año el Ministerio no ejecuta ninguna acción administrativa efectiva para acceder a esos medicamentos, lo que representa una vulneración directa del derecho a la salud ya los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

La decisión del magistrado del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal n° 2 de La Plata no solo da curso al reclamo, sino que también valida la legitimación activa de la organización denunciante. Ramos Padilla entendió que está en juego la “inminente afectación de derechos individuales homogéneos de toda persona en el país en condiciones de gestar” y remarcó que el objeto de la asociación coincide con la naturaleza del litigio: la defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres.

Por eso, resolvió declarar la viabilidad de la acción colectiva y ordenó su inscripción en el Registro, en línea con lo que establece la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la práctica, esto implica que el proceso tiene alcance federal, y podría marcar un precedente si el Ministerio de Salud no cumple con lo que exige la legislación vigente.

En paralelo, y aunque con poco margen político, el oficialismo insiste con su intención de derogar la ley del aborto legal. A principios de febrero del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto que buscaba retroceder a la normativa anterior, eliminando incluso la excepción por violación y dejando esa decisión a criterio de los jueces. La iniciativa, encabezada por Rocío Belén Bonacci y acompañada por legisladores como Oscar Zago y Lilia Lemoine, quedó prácticamente congelada en comisiones: el oficialismo sabe que no tiene los votos necesarios para avanzar en su tratamiento, pero su espíritu sigue vigente.

El proyecto generó ruido incluso dentro del propio bloque de LLA. Algunos diputados que figuraban como firmantes se despegaron públicamente y aclararon que no dieron consentimiento para avalarlo. Desde el entorno del presidente Javier Milei también intentaron despegarse de la movida, dejando trascender que se trató de una acción individual de los legisladores y no de una instrucción del Ejecutivo.

La ofensiva judicial por el cumplimiento de la IVE aparece, así, como un contrapeso frente a los intentos de deslegitimar una ley que tuvo amplio respaldo social y parlamentario. El punto más delicado del reclamo es que, de seguir extendiéndose en el tiempo el incumplimiento por parte del Ministerio, podría estar generando “daños irreparables a quienes estén en condiciones de acceder a la práctica”, tal como alertó la asociación demandante.

Actualmente, la Ley 27.610 sigue plenamente vigente y permite acceder a la interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita hasta la semana 14 de gestación, y sin límite de tiempo en casos de violación o riesgo para la salud integral. La ley también obliga al Estado a garantizar el acceso a medicamentos, información y atención médica adecuada, lo cual está en el centro de esta nueva batalla judicial.