El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió hoy que se desestime la denuncia contra el presidente, Alberto Fernández, que realizó la líder de la Coalíción Cívica, Elisa Carrió, y tres diputados de su espacio por “envenenamiento”. También acusaban al exministro de Salud, Ginés González García, y la actual ministra, Carla Vizzotti, por la compra de la Sputnik V.

“Dada la emergencia de salud pública declarada en nuestro país y habiéndose expedido en sentido positivo los organismos competentes para la adquisición y distribución de la vacuna rusa conocida como Sputnik V, esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, señaló Marijuan.

Carrió encabezó la presentación de una denuncia penal en diciembre donde argumentó que faltaba información sobre las gestiones, la contratación y los contratos del gobierno argentino con el gobierno ruso para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19.

Los representantes de la Coalición Cívica cuestionaron que “no sabemos” si el producto “será apto para humanos de entre 18 a 60 años” y que por el momento no cumplía con “la finalidad de proteger a los adultos mayores”. Semanas más tarde, la vacuna fue aprobada para el uso de esa población.

El pedido apuntaba a investigar el accionar de Fernández, González García y Vizzotti, por comprar las vacunas “sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones”.

Los posibles delitos incurridos incluían atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Mencionaban de un potencial envenenamiento de la población.

Marijuán solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la documentación pertinente y el Ministerio de Salud informó que los contratos de compra habían sido remitidos a la Auditoría General de la Nación y al Congreso.

Finalmente, el fiscal estableció que la operación fue “un acto administrativo válido, contando con la intervención de todas las áreas pertinentes para ello”. 

Fernández citó esta acusación en una conferencia de prensa reciente. “Hasta hace 20 días yo era un envenenador serial, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, dijo el Presidente.