La relocalización de la Zona Roja en Mar del Plata sigue generando polémica. A diez días de su nueva ubicación, se acumulan las denuncias de vecinos; mientras que las trabajadoras sexuales elevaron críticas al intendente Guillermo Montenegro y al Ministerio de Género bonaerense por considerar que no fueron escuchadas en sus reclamos.

En concreto, las trabajadoras sexuales ofrecieron otros espacios para llevar adelante su actividad. Sin embargo, no solo que no fueron tenidas en cuenta a la hora de ser relocalizadas sino que, además, ahora deberán hacerse cargo de fuertes multas en caso de no cumplir con algunas de las normativas que impone la ordenanza aprobada por el HCD.

El sitio habilitado para la actividad fue señalado como un tramo de la avenida 10 de febrero, trayecto que no cuenta con vecinos frentistas con residencia domiciliaria, entre las 22 y las 6. Pero las denunciantes aseguran que el lugar elegido las perjudica debido a que se encuentran entre un cementerio y un basural.

Las críticas son concretas. Para Montenegro a quien le apuntan por perseguirlas a través de fuertes multas en caso de no respetar ciertos parámetros. Y también contra el Ministerio de Género bonaerense, ya que aseguran que no se sienten protegidas.

Justamente en las últimas horas quien sí lanzó una señal de apoyo fue la vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, quien en diálogo con un medio marplatense aseguró que la Zona Roja "no es algo que se pueda legislar a nivel municipal".

Y sentenció: "No es fijar una zona o no fijar una zona, sino es trabajar sobre esto temas y acá lo que hay que hacer es erradicar estos tipos de trabajos y sustituirlos por otro tipo de cuestiones laborales y recursos económicos para estas personas. Hay que darles la posibilidad de trabajar en otras cosas, nosotros tenemos que generar otro tipo de trabajo para este sector".

Magario se apoyo en su experiencia como exintendenta de La Matanza para dejar en claro que conoce sobre el tema y que lo que se está haciendo a nivel local no es lo debido. "No es una cuestión de zonas para ejercer. No es como determinar una zona rural o urbana. Realmente esto es un modelo de trabajo que el mundo entero tiene que tratar, porque no se ha tratado el tema, no hay legislación alguna. Esto no se acopla a una ordenanza y no se puede llevarlas de un lugar a otro o limitarlas a un lugar, sino que hay que encarar el tema para la solución definitiva".

Cabe recordar que la norma establecida por el oficialismo municipal sostiene que las personas que no cumplan con esa delimitación de espacios podrán ser multadas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actualizado de entre $172 mil y $861 mil)- y hasta arrestadas (de 5 hasta 30 días), aunque no delimita en ningún momento qué elementos se tomarán en cuenta para aplicar cada una de esas medidas.

La denuncia de las trabadoras sexuales es concreta. Según un censo que se hizo durante la pandemia son 200 las mujeres que ejercen la actividad. Y la zona delimitada en la nueva Zona Roja es de 300 metros. A razón de una persona cada un metro y medio.

Además, habla de persecución. Vale mencionar que en la primera semana desde su nueva ubicación, el municipio recibió 14 denuncias y hubo 8 detenciones además de secuestro de vehículos. En concreto, la denuncia está relacionada al acoso de parte de la policía.

El texto que acompañó la aprobación de la ordenanza considera que tal decisión “constituye una reparación histórica para miles de vecinos que sufren las consecuencias del ejercicio de la oferta y demanda de sexo frente a sus viviendas familiares desde hace décadas” y que, en su momento, afectaban “notablemente la calidad de vida de las familias de distintos barrios”.