Los estatales, enemigos número uno de Milei: ATE espera un 2025 a pura motosierra y despidos
El gremio de trabajadores estatales enfrentó un año de conflictos con el gobierno de Javier Milei, marcado por paros, reclamos salariales y tensas negociaciones paritarias. ATE anticipa más protestas y resistencia ante las políticas de ajuste.
El 2024 fue un año turbulento para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se convirtió en uno de los principales opositores a las políticas del presidente Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, Milei implementó medidas de ajuste que afectaron directamente a los empleados públicos, generando una escalada de tensiones con el gremio liderado por Rodolfo Aguiar.
Desde el inicio de su gestión, el presidente priorizó un programa de reducción del gasto público que impactó de lleno en el sector estatal, generando múltiples enfrentamientos con la Asociación Trabajadores del Estado. Los despidos masivos, los bajos aumentos salariales y las evaluaciones de idoneidad para continuar en los cargos públicos fueron algunas de las medidas más resistidas por el gremio.
A lo largo del año, los reclamos se intensificaron. Casi 40.000 empleados estatales fueron despedidos en diversas áreas de la administración pública. Este número incluye trabajadores de ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, muchos de los cuales llevaban años desempeñándose en funciones claves. A esto se sumaron las evaluaciones de idoneidad, que generaron polémica al ser percibidas como un mecanismo para justificar nuevas cesantías bajo el argumento de una supuesta ineficiencia laboral.
Las políticas de ajuste también incluyeron un fuerte recorte en las negociaciones salariales. Durante el año, los incrementos acordados en paritarias quedaron muy por debajo de la inflación acumulada, deteriorando el poder adquisitivo. ATE denunció que los aumentos, en algunos casos de apenas un 1% mensual, representaron una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%. Este desfasaje salarial provocó paros nacionales, protestas frente a organismos estatales y movilizaciones masivas en las principales ciudades del país.
Otro de los puntos de conflicto fue la eliminación de programas sociales y servicios públicos esenciales, que afectaron tanto a los trabajadores como a los sectores más vulnerables de la población. ATE encabezó numerosas manifestaciones en rechazo al desmantelamiento de áreas clave como salud, educación y políticas sociales, donde los recortes dejaron a miles sin acceso a prestaciones básicas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se convirtió en una de las voces más críticas contra el gobierno. En reiteradas ocasiones, denunció que las medidas de Milei buscan “vaciar el Estado” y precarizar a los trabajadores. “No es un plan de ajuste, es un plan de exterminio del empleo público”, afirmó en una de las tantas movilizaciones realizadas frente al Ministerio de Economía.
Además, el gremio resistió la implementación de medidas que consideró como un intento de disciplinamiento, como los descuentos salariales a quienes participaron en los paros y las amenazas de judicializar las protestas. A pesar de esto, ATE continuó con su plan de lucha, realizando más de una docena de huelgas nacionales y coordinando acciones conjuntas con otros gremios estatales y privados.
La situación llegó a su punto de mayor tensión con la presentación de un proyecto para modificar la Ley de Contrato de Trabajo en el sector público, que proponía eliminar la estabilidad laboral. Aunque el gobierno no logró avanzar con esta reforma, el anuncio generó un rechazo unánime en los sindicatos, que lo calificaron como un ataque directo a los derechos adquiridos.
De cara al 2025, ATE anticipa un incremento en las medidas de fuerza. Aguiar advirtió: “En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos”, en referencia a las políticas de ajuste del gobierno. El gremio planea un plan de lucha para frenar los despidos y defender los derechos de los trabajadores públicos.
La relación entre ATE y el gobierno de Milei se ha deteriorado significativamente, con acusaciones mutuas y una falta de consenso en las negociaciones. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de reformas estructurales, ATE sostiene que estas políticas solo generan más desempleo y precarización.
El 2024 cierra con un balance negativo para los trabajadores estatales, quienes enfrentaron un año de conflictos y pérdidas salariales. La promesa de una "motosierra" para el 2025 por parte de ATE anticipa un año aún más conflictivo, con un gremio decidido a resistir las políticas de ajuste del gobierno de Milei.