Tras un largo ida y vuelta que incluyó diversas denuncias de los afiliados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó el estatuto de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) para que un miembro del gremio ocupe un lugar en el directorio.

Lo hizo a través de la Acordada 28/2022 donde Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron: "esta Corte se encuentra comprometida en garantizar que la Obra Social dé pleno cumplimiento a su objetivo fundamental. Por ese motivo, viene instrumentando de forma sistemática y progresiva, medidas destinadas a modernizar sus herramientas, obtener una prestación de salud de excelencia y procurar la máxima transparencia en su gestión".

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), por su parte, celebró la decisión y sostuvo que "años de desidia, abandono y cuestionables manejos volvieron imperiosa la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras tengamos una representante en el Directorio, que lleve nuestra voz y garantice, con el compromiso y sensibilidad que amerita tamaña tarea, que nuestra salud y la de nuestras familias se encuentre protegida". En ese marco, informaron que será Maia Volcovinsky la que asumirá en el cargo.

La decisión tomada por el Máximo Tribunal dejó en evidencia una nueva interna entre sus miembros con el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, donde expresó: "Lo que se reclama para los demás Poderes del Estado y para sí misma como institución, debe respetarlo en su propio ordenamiento interno".

"En este sentido los cambios permanentes de estatutos, afectan claramente la seguridad jurídica y la estabilidad de las instituciones. Que ello también afectará la confianza, porque lo que se decide ahora, puede ser alterado en poco tiempo. Así, los directores que se reconocen a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, o a la entidad gremial pueden ser suprimidos con otra reforma estatutaria", agregó en contra de la medida.

"El aspecto más relevante que motiva esta disidencia, es la inestabilidad que crea el cambio permanente de la organización de una institución y la desconfianza que genera crear cargos cuya relevancia es sólo aparente, para tener un control de hecho por parte de la Corte Suprema, que es justamente lo que se quiso evitar desde hace quince años, consagrando la autonomía de la Obra Social. El diseño institucional del estatuto que se propone conlleva a un control de hecho por parte de la Corte Suprema, que puede generar su responsabilidad a tenor de la legislación vigente", profundizó.