En medio de una fuerte tensión con el Poder Judicial por el colapso del sistema penitenciario, Martín Llaryora decidió avanzar con la construcción de un nuevo módulo de seguridad máxima para mil personas privadas de libertad. La obra, que se levantará dentro del complejo carcelario de Bouwer, apunta a reforzar una política de seguridad que el Gobierno provincial sostiene como prioritaria frente al creciente reclamo social por la inseguridad.

El proyecto contempla equipamiento de última generación: cámaras con inteligencia artificial, escáneres corporales, inhibidores totales de telefonía celular, radar perimetral para detectar movimientos sospechosos, sistema de derribo de drones y hasta cámaras corporales con transmisión en tiempo real para el personal penitenciario. Todo un combo tecnológico que busca reforzar el control sobre una población carcelaria que no para de crecer. En apenas un año, Córdoba pasó de tener 13.489 personas detenidas a casi 16.100, lo que representa un salto del 20 por ciento.

La iniciativa llega justo cuando la Justicia provincial activó un hábeas corpus colectivo a favor de más de 80 detenidos que estaban literalmente apilados en Bouwer, sin condiciones mínimas de alojamiento. La medida judicial, que podría derivar en nuevas demandas contra el Gobierno por violaciones a los derechos humanos, expuso la crisis estructural del sistema carcelario y obligó al Ejecutivo cordobés a tomar urgentes. Además de la nueva cárcel, se comprometieron a incorporar 500 tobilleras electrónicas para liberar espacio mediante prisiones domiciliarias, ya construir una nueva alcaldía de 500 plazas.

Pero la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lejos de moderar el tono, respaldó abiertamente la política represiva que viene desplegando al Gobierno cordobés. “Es un problema la cárcel, pero más problema es tener a los delincuentes afuera. Yo les pido a los jueces que se pongan de nuestro lado, del lado de los que estamos combatiendo el delito”, lanzó durante una visita a Córdoba. Y fue más lejos: “Yo no tengo dudas: los prefiero adentro y no afuera de las cárceles”, dijo, a la par del ministro cordobés Juan Pablo Quinteros, su principal aliado en la provincia.

El respaldo nacional le sirvió a Llaryora como escudo frente a las críticas que llegan desde la oposición provincial, sobre todo de parte de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes cuestionan el endurecimiento de la política criminal y alertan sobre el desborde del sistema penitenciario. Pero la realidad en las calles también aprieta: la inseguridad se consolidó como la principal preocupación social y el Gobierno busca mostrar resultados en ese frente. Según datos del Ministerio de Justicia, de los 1.357 alojados actualmente en la Unidad de Contención del Aprehendido (la vieja alcaldía de la ciudad), 642 son “primarios”, es decir, personas sin antecedentes previos.

El dato no es menor y tiene un fuerte componente social. “El aumento de las detenciones obedece a la realidad de una situación de pobreza que no para y de una clase media que está cada vez peor”, reconoció el propio gobernador en declaraciones recientes. En ese contexto, la población carcelaria no solo creció en cantidad, sino que se transformó: más de la mitad de los detenidos en los últimos días no tenía antecedentes. En palabras llanas, el sistema se está llenando de aprendices sin peso propio dentro del mundo del delito.

El hacinamiento no se da solamente en Bouwer. Por las condiciones en que se encuentran muchos detenidos por causas menores —generalmente en flagrancia— también se presentó otro hábeas corpus. El viejo edificio de la alcaldía policial, ubicado en pleno centro de Córdoba, ya no da abasto y, además, genera molestias entre los promotores inmobiliarios de la zona de Nueva Córdoba. Por eso, Llaryora anunció que la nueva alcaldía de 500 plazas se construirá dentro del predio de Bouwer, alejando el foco de conflicto de la ciudad universitaria y trasladándolo a la periferia.

Mientras tanto, el mandatario también le exigió a Nación que se haga cargo de su parte: “No tiene por qué el Gobierno de Córdoba custodio a los presos federales”, disparó. La advertencia suma otro capítulo al complejo entramado entre el Ejecutivo provincial, la Casa Rosada y el Poder Judicial. La expansión del sistema penitenciario cordobés ya está en marcha, pero la crisis social que lo alimenta parece estar lejos de resolverse.

Actualmente, Córdoba cuenta con nueve establecimientos penitenciarios distribuidos en toda la provincia, pero la sobrepoblación y el avance del delito menor generan una presión constante sobre la infraestructura existente. Con la inauguración del nuevo módulo de máxima seguridad, el Gobierno espera descomprimir el escenario, aunque todo indica que la discusión por la política criminal seguirá escalando.