Las políticas de género en jaque y las cifras que demuestran un femicidio cada 30 horas
En 2024, se registró una víctima cada 33 horas en los primeros nueve meses del año. Las estadísticas oficiales del gobierno distan de reflejar la realidad, mientras que organizaciones de mujeres denuncian la falta de políticas efectivas.
El panorama de violencia machista en Argentina sigue siendo alarmante, y 2024 no es la excepción. En los primeros nueve meses del año, se cometieron 279 femicidios, lo que se traduce en una mujer asesinada cada 33 horas, según el informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Esta cifra pone en evidencia la creciente problemática de la violencia de género, que no solo sigue presente en la sociedad argentina, sino que se intensifica, a pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre la disminución de estos crímenes.
En el informe de este año, se documentan no solo los femicidios, sino también los lesbicidios y travesticidios, reflejando una realidad aún más compleja. A lo largo de 2024, han sido 294 las víctimas de violencia machista, entre ellas 284 femicidios, 3 lesbicidios y 7 travesticidios. Estas cifras marcan un aumento respecto al mismo período de 2023, cuando se registraron 271 femicidios, un incremento significativo que no pasa desapercibido para las organizaciones sociales.
El gobierno de Javier Milei, sin embargo, ha minimizado estos datos, presentando cifras oficiales que distan de la realidad. Según los datos del Ministerio de Seguridad, que en su informe de octubre indicó una disminución de femicidios, estas cifras no coinciden con las observaciones de los organismos independientes que luchan contra la violencia de género. Para los referentes de Ahora Que Sí Nos Ven, los datos del Gobierno son incompletos y no consideran casos fuera de las relaciones familiares, que constituyen lo que se denomina "femicidios territoriales", relacionados con el narcotráfico y otros contextos de impunidad territorializada.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la gestión de Milei, ha sufrido recortes y reducciones en su presupuesto, afectando directamente a programas claves para la prevención de femicidios y la atención a las víctimas. El cierre del programa Acompañar, que brindaba asistencia económica y psicológica a mujeres víctimas de violencia, es solo un ejemplo de cómo el gobierno ha recortado recursos en un área tan crítica.
A esta situación se suma la alarmante tasa de niños y niñas huérfanos a causa de femicidios: en 2024, 191 niños han quedado huérfanos tras la muerte de sus madres, lo que evidencia el impacto transversal de la violencia de género en las familias. El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven destaca que un 87% de las víctimas eran madres, un dato que no solo muestra el brutal daño hacia las mujeres, sino también hacia las infancias y adolescencias que deben enfrentar la pérdida de sus figuras maternas en contextos de violencia extrema.
Las provincias más afectadas por la violencia machista siguen siendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco y Misiones, donde se concentran el 70% de los femicidios. Según los informes, la gran mayoría de los crímenes ocurrieron en los hogares de las víctimas, reflejando una vez más el grave problema de la violencia doméstica y la falta de políticas públicas para erradicarla. En un 12% de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, lo que pone en evidencia la ineficiencia del sistema judicial y de seguridad para proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.
El discurso del gobierno de Milei ha sido muy crítico con los informes de los observatorios y organizaciones sociales. En declaraciones recientes, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que los femicidios habían disminuido debido a la implementación de políticas de seguridad, y mencionó el trabajo de la ministra Patricia Bullrich como clave en esta reducción. Sin embargo, estos datos oficiales no se alinean con las estadísticas presentadas por las organizaciones que realizan un seguimiento exhaustivo del tema. El Observatorio Lucía Pérez, por ejemplo, contabiliza un total de 308 femicidios hasta la fecha, con un aumento del 13% respecto al año anterior, cifra que contradice la versión oficial del gobierno.
Además de la falta de medidas de protección para las mujeres, el gobierno ha sido objeto de críticas por su postura frente a la violencia de género en el contexto internacional. Argentina fue uno de los pocos países que votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, una decisión que ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos. La movilización de las mujeres, que sigue ganando fuerza en las calles, ha denunciado el desinterés del Gobierno por la implementación de políticas públicas efectivas.
En este contexto, organizaciones como Mumalá, que realizan un monitoreo cercano de las víctimas de femicidio, afirman que la mayoría de los femicidios (el 80%) son cometidos por parejas, ex parejas o familiares de las víctimas. El estudio también revela que un 5% de los femicidas son miembros de las fuerzas de seguridad, lo que representa una señal de alarma sobre la penetración de la violencia machista en instituciones públicas que deberían garantizar la seguridad.
En conclusión, las estadísticas de femicidios en 2024 son alarmantes y reflejan una creciente crisis de violencia de género en Argentina. Mientras que el gobierno de Milei minimiza estas cifras, las organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la necesidad urgente de políticas públicas que protejan a las mujeres, niñas y diversidades de la violencia estructural que persiste en el país.