"Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Algo holístico, integral. Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso”.

Patricia Bullrich dijo tener este plan holístico durante la campaña. Ni antes ni después volvió a hablar de un estilo de ver a las personas y la sociedad que siempre pareció serle muy ajeno. La semana pasada presentó en conferencia de prensa el nuevo protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad y volvió a hablar de su filosofía personal de vida: la de que se impone a balazos.

“Nuestra filosofía es clara. Nosotros protegemos a la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, toda vez que las fuerzas tengan que usar su arma para defender a la ciudadanía, lo tiene que hacer".

Y bajo ese concepto, anunció que derogó la Resolución 1231/2019 que había firmado Sabina Frederic, la ministra del gobierno anterior, y que restringía el uso de armamento letal de las fuerzas de seguridad. En el discurso Bullrich dijo que la Prefectura, hasta ahora, debía patrullar las fronteras y combatir al "crimen organizado" munidos poco menos que de escarbadientes, por lo que ahora podrán usar todo tipo de arma de fuego. 

Para justificar la medida dijo que -sin especificar quiénes, cómo y cuándo-  "algunos agentes vivieron situaciones riesgosas donde se perdió la vida de funcionarios que no han querido defenderse de sus agresores por temor a sufrir sanciones y/o condenas".

¿Qué funcionarios fueron muertos sin defenderse, protegiendo las fronteras, en este tiempo? No lo dijo, aunque incluso detalló un par de casos: en el primero contó que al dar la voz de alto, unas treinta personas encontradas en flagrante delito huyeron rumbo a Paraguay, mientras amenazaban con elementos corto punzantes. 

El segundo caso, el de la Patrulla Fluvial que circulaba por el Río Uruguay y fue atacada por un individuo en un bote, a quien se sumaron siete más que arrojaron piedras, aunque posteriormente se encontraron once impactos de proyectiles en la embarcación de Prefectura. De los funcionarios muertos, ni un dato.

Y agregó: “Hemos planteado un marco adecuado y hemos trabajado para este protocolo especial para que la PNA pueda desde el día de hoy proteger a su gente, proteger las fronteras, proteger a la ciudadanía y estar en mejor o igual condiciones de las que están los criminales y los delincuentes. El derecho internacional nos ampara en cuanto a la proporcionalidad de armas que va a usar a partir de hoy la Prefectura Naval frente a los ataques que sufren”

La realidad es que según la página oficial de la Prefectura Naval Argentina los prefectos, durante todo el gobierno anterior estuvieron autorizados a usar armas cortas, ametralladoras 12.7 Fal y Fap, tal como quedó demostrado, incluso, en manifestaciones.

Bajo ese manto falaz lo que la ministra en realidad propone es retomar la metodología que avaló mientras ocupó el mismo cargo durante el gobierno macrista y que se conoció como "Doctrina Chocobar", que dejaba criterio personal del agente de seguridad la discrecionalidad del uso de balas de plomo ante lo que considere un "peligro inminente".

En su momento, para poder implementarla, Bullrich había derogado una prexistente de 2007, que es la que recuperó Frederic anulando la bullrichista. En un nuevo enroque, Bullrich vuelve a anular la de 2007 y 2019 para retomar la propia que, básicamente, va contra todos los resguardos de la Seguridad Interior y los convenios internacionales de Derechos Humanos.

Bullrich pretendía que se legitimara dentro del paquete de la llamada "Ley Ómnibus" que, al caerse, echó por tierra los planes de la ministra. Su plan B, entonces, es anunciarla como un nuevo reglamento con argumentos que no van en sintonía ni con la verdad ni con la realidad de las intenciones, que son las de criminalizar la protesta social y legalizar el protocolo anti-protestas.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó en su página web un documento en el que, entre otras consideraciones, dice: "Las normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere volver a derogar establecen con claridad los principios generales del uso de la fuerza, y en especial de las armas de fuego, por parte de los miembros del aparato represivo estatal, y fijan prohibiciones igual de explícitas.

Por ejemplo, autorizan el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá como “último recurso” y siempre con moderación y proporcionalidad, “reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana”, entendida como vida humana la de todas las personas, no sólo la de quienes ellos llaman “gente de bien”. Expresamente disponen que “la fuga no justifica el uso de armas”, ya que disparar para evitar la huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha o por “olfato policial”, ni por la espalda ni contra personas desarmadas.

La decisión de la ministra Bullrich de volver a esos protocolos felizmente derogados en diciembre de 2019 se vincula directamente con el fracaso del intento de legalizar el gatillo fácil y consagrar la impunidad de sus perpetradores por la vía de la ley ómnibus, y anticipa una nueva oleada represiva."

Chocobar y su fundación inexistente

El 8 de diciembre de 2017 un turista estadounidense paseaba por La Boca con una cámara fotográfica colgando de su cuello. Dos ladrones vieron la ocasión, lo interceptaron, forcejearon por la cámara, uno de los delincuentes sacó un arma blanca y lo apuñaló en el pecho. Con el hombre herido tendido en el suelo y sin el botín, huyeron del lugar.

Uno de ellos, menor de edad, logró escapar pero el otro fue interceptado por un par de transeúntes, lo que dio tiempo a que Luis Chocobar, un policía de Avellaneda que, de civil, estaba circunstancialmente por allí, le diera la voz de alto. El ladrón, que se llamaba Juan Pablo Kukoc y tenía 17 años, corrió. Le dio la espalda al policía y corrió. Sonaron cinco o seis disparos, dijeron los testigos. Dos dieron en la espalda del ladrón, que murió horas después.

El caso llegó a la justicia y a los medios, con amplia difusión y la política hizo lo suyo. Chocobar, un hombre moreno y morrudo que no pertenece a un sector social diferente al de Kukoc y a quien solo superaba en algunos años, fue felicitado por la ministra de seguridad de entonces, Patricia Bullrich, y recibido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. El apoyo era explícito y se saltaba cualquier convención prexistente de correlación de pena y delito que, además, cualquiera podía imponer sin juicio previo. Chocobar fue investido como un héroe por matar a un ladronzuelo por la espalda.

Chocobar no puedo esquivar a la justicia que, recién cuatro años después, lo condenó a dos años de prisión en suspenso. Mientras tanto, el policía hizo dieta y bajó más de cuarenta kilos, se paseó por despachos y canales de televisión, y armó su propia Fundación.

Según aparecía en la página web, hoy dada de baja, un documento sin sello ni firma de escribano decía que según el Estatuto de conformación, la fundación había conseguido su personería jurídica el 29 de mayo de 2021. La información era falaz. Jamás tramitaron permiso alguno.

Los “fundadores” eran Luis Oscar Chocobar (presidente) Fernando Oscar Soto (a cargo de la vicepresidencia), Ricardo Daniel Galeano (tesorero) y Luis Jorge Cevasco (como secretario). En lo que respecta al patrimonio inicial “se menciona un aporte de los fundadores de dos millones de pesos cuyo origen sería producto de donaciones y ahorros personales”.

El domicilio era un departamento deshabitado de la calle Corrientes y las donaciones, que se pedían especialmente accediendo a una solapa de la página y tenían montos preestablecidos, iban directamente a una cuenta de Chocobar. El policía, además, se reunía con diferentes referentes políticos y abogados que solían patrocinar a otros agentes del orden.

Con Bullrich y desde entonces, tiene un vínculo constante, al punto que fue invitado por ella al segundo debate presidencial de 2023, donde el policía volvió a tomarse fotos con Mauricio Macri. La candidata a presidente, incluso, lo mencionó en el debate: "Hoy me acompaña Chocobar. Yo defiendo a la ciudadanía y a los que nos cuidan. El kirchnerismo defiende delincuentes. Conmigo, el que las hace, las paga".

La figura del policía Chocobar y su accionar, tomados como ejemplo, no solo avalan la doctrina que lleva su nombre sino que invierte la carga de la prueba y sirve para evitar cuestionamientos, juicios o demandas por el accionar de las fuerzas de seguridad en el tiempo por venir, el que no es difícil de ver sin revueltas, marchas, reclamos populares, huelgas y manifestaciones que en otros tiempos no hubieran merecido represión.