El Senado comenzó a debatir un proyecto para tipificar como delito en el Código Penal la compra-venta de bebés. La discusión se dio este miércoles en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana).

El texto obtuvo rápidamente dictamen para que pueda llegar a ser tratado en el recinto a la brevedad. Sin embargo, su tratamiento no estuvo exento de polémica, a pesar de que todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar con la temática.

El oficialismo impulsó la convocatoria en base a un proyecto del senador chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), que propone reprimir con prisión de 10 a 15 años el que "ofreciere, sustrajere, condujere, trasladare, recibiere o acogiere a un niño o niña menor de 12 meses de edad". Además aumenta la escala penal "en la mitad del mínimo y del máximo cuando mediare cualquier tipo de remuneración en dinero o especie intercambio de bienes”.

Pero este no es el único proyecto en danza. La senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada presentó otro texto en junio pasado. Tan sólo en la Cámara de Diputados se impulsaron diez proyectos para incorporar la figura, pero todos perdieron estado parlamentario. 

Marisa Adriana Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue una de las principales expositoras durante el debate en comisión. También asistió Leonardo Fornerón, quien logró una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, a la vez que solicitó que "la Argentina tipifique el delito de compra-venta de niños con fines de adopción".

"La compra-venta de niños ha sido un delito que se viene cometiendo desde hace muchísimos años", explicó Graham y justificó la necesidad de la norma.

Pero en la reunión, no obstante, se generó un roce entre los legisladores del oficialismo y la oposición, cuando Juntos por el Cambio intentó que el tema vuelva a asesores y se postergue el dictamen. En diálogo con Data Clave, Losada dijo que durante el encuentro surgieron algunas dudas que "ni siquiera las personas que habían sido convocadas" a exponer "se ponían de acuerdo".

Una de las cuestiones es quién será el juez competente para intervenir, ya que se planteó que sea el lugar donde el niño nació o donde se produjo el delito. "Ante eso y otra dudas nos pareció que lo mas oportuno era que vuelva a asesores para sacar el mejor proyecto posible, pero evidentemente Parrilli tenía la orden de Cristina (Kirchner) de sacar el dictamen en ese momento", continuó. 

Losada destacó que se trata de un tema "importante" y "transversal" a todos los bloques. "Me parece que debería haber vuelto asesores para mejorarlo. Es poco serio que teniendo la posibilidad de hacerlo con anticipación, se termine haciendo en el recinto", concluyó.

La polémica de Milei

El tema de la venta de niños quedó en el centro de la polémica en junio último por las declaraciones del diputado Javier Milei (La Libertad Avanza) a quien lo consultaron sobre su postura en el programa radial de Ernesto Tenembaum.

El conductor le preguntó si estaría de acuerdo con la venta de niños y Milei dijo que es una discusión para la que no sabe si estamos preparados. Luego, frente a la insistencia del periodista, afirmó “depende de en qué términos estés pensando, tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas”.

El caso “Fornerón e hija”

Hace 10 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado argentino a "adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra contraprestación, cualquiera que sea su forma o su fin, constituya una infracción penal”.

El caso se remonta al año 2000, cuando la menor -conocida como "M"- fue entregada en guarda preadoptiva a un matrimonio sin el consentimiento de su padre biológico. Fornerón -padre de la menor- no tuvo conocimiento del embarazo hasta que estuvo avanzado. Ante las dudas sobre el paradero de la niña y sobre su paternidad, el hombre acudió ante la Justicia y manifestó que deseaba hacerse cargo.

Un mes después del nacimiento, Fornerón también reconoció legalmente a su hija y se confirmó su paternidad mediante una prueba de ADN. Sin embargo, el matrimonio solicitó la guarda judicial, a lo que el progenitor se opuso férreamente.

Un juez de primera instancia otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio. Esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y finalmente, se otorgó la adopción simple de la menor.

Por su parte, la causa penal fue archivada por la Cámara en lo Criminal de Gualeguay argumentando “inexistencia de delito”, es decir, por no encuadrar los hechos en figura penal alguna. En 2016, la Corte reabrió el expediente y ordenó un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo expresado por la Corte Interamericana.

Pero Fornerón recibió un nuevo revés judicial, cuando la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la sentencia de primera instancia mediante la cual se había declarado la responsabilidad penal del matrimonio y los funcionarios judiciales intervinientes, en función del delito previsto en el artículo 146 del Código Penal, al entender que el "supuesto bajo análisis resulta una conducta atípica".