La ministra de Comunicación Pública del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, Jesica Rey, acusó a un ex funcionario de María Eugenia Vidal por la liberación de presos durante la pandemia del coronavirus. En el fondo, la rosca oculta que impera en la Legislatura bonaerense por ese lugar y otros cargos dentro del BAPRO y la propia Suprema Corte de Justicia.

El asesinato del kiosquero de Ramos Mejía generó un revuelo mediático y político en la recta final de la campaña por las elecciones legislativas. Como sucedió en La Matanza, municipio de cuna peronista, la oposición exprimió el triste hecho y lo convirtió en tema de campaña.

Vidal, en su último acto político como parte de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, introdujo el debate de inseguridad y acusó al Gobierno nacional y provincial de ser los responsables de liberar miles de presos durante la pandemia.

Sin embargo, desde el Gobierno bonaerense le recordaron que el Procurador que tomó la decisión de liberación de reos y morigeración en sus penas, fue un ex funcionario de su gestión. Se trata de Julio Conte Grand, militante macrista y ex secretario de Legal y Técnica de la ex gobernadora.

“La impunidad con la que la exgobernadora exorgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico”, aseveró Jesica Rey a través de las redes sociales y agregó: “Repite ‘liberaron miles de presos’ cuando fue su ex secretario Legal y Técnico devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución” de la liberación de presos.

Tweet de Jesica Rey

En respuesta a esos dichos sobre la liberación de presos, Rey adjuntó en tuit imágenes de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte en la que da cuenta de que el 16 de marzo del año pasado, Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva.

Aquella decisión del Procurador sobre la liberación de presos fue tomada para “los privados de la libertad que, de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid”, en pleno auge de la pandemia.

Rey también publicó el artículo 2 de la misma resolución de liberación de presos, en la que se ve que Conte Grand indicaba a los agentes fiscales que, a la hora de expedirse sobre medidas de prisión con detención domiciliaria y de morigeración de la prisión preventiva, “evalúen prioritariamente los casos de quienes requieren una protección por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid”.

Tweet de Jesica Rey

El roce entre los opuestos por la inseguridad esconde en el fondo una fuerte negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por ocupar bancas en sectores clave del aparato político bonaerense. Parte de esta puja se viene dando en la propia Legislatura y el puesto de Conte Grand era una de las demandas del actual oficialismo.

Como contó Data Clave, en la Legislatura se viene negociando la posibilidad de ocupar puestos importantes que hoy, a dos años del Gobierno de Kicillof, siguen vacantes. Está el caso del Banco Provincia, que quedó sin quorum necesario para operar tras el traslado de Provincia a Nación de Juliana Di Tullio. Un espacio que vienen presionando los propios intendentes y que tensionan la propia convivencia dentro del Frente de Todos.

Además de la discusión del BAPRO, la intención también es la de ocupar espacios en la Suprema Corte de Justicia y otros espacios como el caso del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). El oficialismo lo que busca es negociar varios de estos espacios con el fin de que Juntos por el Cambio acceda a retirar a Conte Grand de la Procuración.