La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidor solicitó la nulidad de la Audiencia Pública 104 llevada a cabo este lunes por Energas para discutir el aumento de las tarifas de gas. La presentación fue hecha por el abogado Osvaldo Héctor Bassano en su carácter de apoderado de dicha asociación. 

“Hoy se generó por parte del Estado una colosal crisis con devaluación y autorización de incrementos especulativos por parte de grupos corporativos concentrados, sin defensa de los consumidores y obligando a la perdida no solo de derechos sino de fuerte perjuicio patrimonial”, señaló Bassano en el escrito que presentó.

El jurista pidió la impugnación de la Audiencia por “violación normativa y de los derechos de los consumidores, no siendo llamada en forma mixta, y no encontrándose con los plazos de ley la evaluación y atinencia del proyecto de adecuación tarifaria, ni por el estado ni por las empresas, causando un grave perjuicio a los consumidores y a toda la población”.

Además, consideró que no existió el Debido Proceso Adjetivo en la conformación en todo el Procedimiento De Audiencia Pública y se violaron todos los plazos administrativos.

Asimismo, pidió la impugnación de los presuntos cuadros tarifarios por “no existir estructura de costos y fundamentos” y señaló que son “meramente enunciativos y sin sustento fáctico ni jurídicos”. En este sentido remarcó que solo existe una “ecuación financiera de empresas y no de usuarios”. 

También indicó que los precios y tarifas representan tarifas en dólares para el usuario lo que crea Pobreza Energética: “Cuando la situación de un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”. 

“Una tarifa social que deja sin alcanzar a una vasta capa de la población, con estructuras de consumo que la regulan, que se contradicen con las necesidades mínimas de un usuario residencial, creando el usuario carenciado por no consumo necesario”, precisó.

En este sentido, explicó que “el incremento desmedido de las tarifas que afecta el ingreso de los usuarios, se creará un peligroso endeudamiento del consumidor, que puede producir un serio conflicto financiero con alcances sociales extremos”. 

Por otro lado, cuestionó que “no se contabilizan las inversiones que hace el Estado y que el usuario paga como contribuyente como carga impositiva y que solo beneficia a Corporaciones Energéticas y no a los Usuarios”.  En esta línea, remarcó que hay “impuestos y tasas que abona el usuario que son cargas legales de las empresas”.

Asimismo, el abogado consideró que “la quita de subsidios y además los aumentos inflacionarios sobre las tarifas de gas destruye derechos y garantía y solo beneficia a la codicia de empresas y corporaciones energéticas para garantizar mayor ganancia que la que hoy están obteniendo”.