Judicialización en puerta: los pilotos y aeronavegantes buscan impugnar el decreto de Milei
Los gremios aeronáuticos llevarán a la Justicia la decisión del gobierno de limitar las huelgas en el sector, en medio de un conflicto que amenaza con paralizar nuevamente los aeropuertos.
Los sindicatos de pilotos y aeronavegantes se preparan para judicializar el decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que declara a la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial. Esta normativa obliga a los gremios a avisar con 5 días de antelación cualquier medida de fuerza y garantiza la prestación de al menos el 50% de los servicios. En este contexto, los gremios aseguran que el Gobierno no les deja otra opción y que continuarán las protestas en demanda de mejoras salariales, tras las pérdidas millonarias y la afectación de 37 mil pasajeros durante el paro del pasado fin de semana.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán asambleas este jueves para decidir los próximos pasos de su plan de lucha. Entre las alternativas se evalúan otro paro para este mismo fin de semana o la paralización de los centros de capacitación, lo que afectaría a largo plazo la operatividad de Aerolíneas Argentinas. "El Gobierno no quiere negociar. No nos hace ninguna oferta y parece apuntar a cerrar la empresa", afirmó un dirigente aeronáutico.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, fue contundente al señalar que el decreto del Gobierno "es ilegal e ilegítimo" y aseguró que acudirán a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "El derecho a huelga es un derecho constitucional y no puede ser limitado de esta manera, salvo en casos extremos como el riesgo de vida", remarcó Biró.
La relación entre el Gobierno y los sindicatos se tensó aún más con la decisión de excluir a Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas, medida que se formalizará en la asamblea de la compañía prevista para este viernes. Desde el Ejecutivo, argumentan que el accionar de Biró ha sido "desleal" y que perjudicó los intereses de la empresa, invocando el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que responsabiliza a los directores por daños ocasionados a la compañía. "Vamos a reclamar por los daños y pérdidas que generó su accionar", advirtió Franco Mogetta, secretario de Transporte.
Por otro lado, los gremios sospechan que el Gobierno tiene la intención de privatizar o cerrar Aerolíneas Argentinas, una hipótesis que cobra fuerza tras las declaraciones del economista Juan Carlos de Pablo, cercano a Milei. De Pablo sugirió que "algo va a pasar" con la aerolínea si las protestas continúan debilitando la operación de la empresa, e incluso no descartó su cierre.
Mientras los gremios preparan su ofensiva judicial, la tensión en el sector aeronáutico crece, y los pasajeros temen nuevas cancelaciones en los próximos días. Las asambleas de este jueves serán clave para definir la continuidad del conflicto, aunque todo indica que los gremios no se quedarán de brazos cruzados ante el decreto que consideran una violación de sus derechos.