Este miércoles declara de manera presencial Guillermo Berra, el ex titular de Asuntos Internos de la policía bonaerense, en el marco de la causa, que tiene a su cargo la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata. El ex funcionario había sido citado a indagatoria para el 29 de junio acusado del delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado" y se pospuso tras los planteos de nulidad del allanamiento, nulidad de la pericia sobre sus computadoras y nulidad de su llamado a indagatoria. En la misma investigación, también citó para el jueves a María Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditora sumarial de la Auditoría.

Para el ministerio público, Berra y Sardiña obtuvieron "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial. Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", según consignó en el escrito en el que los citó a indagatoria.

Según la fiscal, Berra obtuvo esa información a partir de una clave del sistema Nosis que el ministerio de Seguridad le otorgó a Asuntos Internos y por el que obtuvo información de unas 1.500 personas. Sin embargo, la defensa de ambos acusados planteó que el sistema "fue contratado para obtener información en forma ilimitada para Narcotráfico, Asuntos Internos e Inteligencia Criminal". El abogado de la pareja sostuvo que "Asuntos Internos solicitó alrededor de 1.400 informes; Narcotráfico, unos 2.000, e Inteligencia Criminal, más de 40 mil, entre los que se encontrarían varios políticos".

Detrás de esta causa hay varios condimentos políticos que tiñen la normal administración de justicia y cosas que no terminan de cerrar. Por lo pronto, no son pocos los que afirman en la provincia de Buenos Aires que hay muchos dirigentes y funcionarios preocupados por la marcha de la investigación. Uno de ellos sería el mismísimo Procurador Julio Conte Grand, a quien fuentes del ministerio público señalan como el responsable de las presiones sobre la doctora Corfield, a quien le pidió expresamente que lo mantenga informado al instante de la marcha del proceso.

Tampoco pasó desapercibido, para los seguidores de la causa, que Berra haya designado como abogado defensor a Marcelo Peña, que en su curriculum se presenta con una trayectoria de diez años en defensas administrativas penales de asuntos internos del Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es decir, quien defendía a los policías en muchos de los sumarios efectuados por la oficiana que comandaba el propio Berra.

También aparecen como particularmente interesadas la ex gobernadora María Eugenia Vidal quien habría pedido a los fiscales del departamento judicial de Morón a interceder en favor de Berra ante Corfield; y la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que días atrás también reprochó públicamente a los responsables de la pesquisa. 

Una de las acusaciones más fuertes que pesan sobre este tridente de sostén político, es que buena parte de la información recabada por la dependencia dedicada a investigar la corrupción policial, alimentaban las usinas de propalación con las que la ex diputada fortalecía sus denuncias mediáticas y/o judiciales contra sus enemigos. "Por eso toda la línea cercana a Carrió como (Paula) Olivetto o (Mariana) Zuvic temen lo que pueda plantear mañana Berra en su declaración para exculparse", relató una fuente con acceso al expediente.