Tras el dictamen en Diputados del proyecto de ley de Humedales y el avance de las causas judiciales, la problemática de los incendios parecía haberse tranquilizado. Sin embargo, los vecinos de la zona denunciaron nuevamente la presencia de humo y cenizas, especialmente frente a la localidad de San Nicolás.

En tanto, la contaminación del aire en la ciudad de Rosario tuvo registros sin precedentes y los investigadores ya analizan el impacto en la mortalidad de la población, en un año récord por la cantidad de incendios en el Delta del Paraná.

Pero la Justicia dio un paso positivo a través de un amparo ambiental para conocer la situación dominial de las tierras en la provincia de Entre Ríos, esto es, el nombre y apellido de los dueños de los campos de la zona, donde reiteradamente se producen focos ígneos. 

Estos datos fueron requeridos por organizaciones ambientalistas, pero el Gobierno de Gustavo Bordet puso como pretexto la “extensión y complejidad” de los mismos. 

Se trata de información los sobre los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, el que ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y de Islas de Ibicuy. 

Las organizaciones ambientalistas también solicitaron conocer qué porción de territorio que es de dominio público del estado, como también el detalle del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que abarca la zona.

También era un reclamo del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien en reiteradas ocasiones apuntó contra la gestión de Bordet y pidió que se “indaguen y castiguen a los responsables porque estos incendios del Delta fueron producidos por la acción humana”. La situación tensó durante varias semanas la relación entre el Gobierno nacional y la provincia, con duros cruces en redes sociales y críticas públicas.