Este viernes vence el tercer plazo que la Justicia había determinado para desalojar el predio de Guernica, en el municipio Presidente Perón. Aún quedan entre 700 y 800 familias agrupadas en al menos cuatro barrios. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, intentó acercamientos con los grupos más radicalizados de la toma hasta esta tarde, pero las negociaciones se frustraron y no hay intención por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de solicitar al juez Martín Rizzo una nueva prórroga. 

San Martín, La Unión, 20 de julio y La Lucha son los barrios que permanecen en Guernica. La Unión había resuelto aceptar lo ofrecido por el gobierno provincial. Pero incluso ese acuerdo se frustró. Desde la cartera de Larroque, cuestionan la postura de las organizaciones sociales detrás de las tomas, en particular al Polo Obrero. Más temprano, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, había declarado que "hay algunas organizaciones que no tienen el objetivo de terminar la situación de manera ordenada y pacífica, o sea que también se están jugando otros factores".

"De acá no se va nadie", dicen los ocupantes, mientras el ministro de Seguridad, Sergio Berni, exige una extensión del plazo de desalojo hasta el lunes, argumentando factores climáticos. "Hubo mala intención de ciertos sectores de la toma y mucha torpeza de parte de otros", le dijo a Data Clave una influyente fuente del gobierno provincial. De esta forma, reconocen que la negociación, que incluyó subsidios y asignaciones en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, se truncó. "De acá en más, todo queda en manos de la justicia", confió el informante.

Los representantes de las familias de la toma y las organizaciones sostienen que “el gobierno provincial y el fiscal Condomi Alcorta desconocen los avances en las negociaciones, y organizan el desalojo con represión”. “De un momento para otro, dejaron de lado las propuestas que el propio gobierno venía avalando, y que fueron aprobadas en las asambleas”, sostienen. A la vez, detallan que son 1450 las familias que permanecen en el predio, disintiendo del número que comunican desde la Provincia. “Entendemos que hay posibilidades de una salida  a los reclamos de los vecinos, pero sin embargo el gobierno realiza aprestos y anuncios militares y policiales para una guerra”, concluyeron.