Una brigada de civil. Disparos sin voz de alto ni identificación policial. Lucas González fue asesinado luego de una situación que primero fue dibujada como “un enfrentamiento” pero que su familia aseguró desde el comienzo que se trataba de un caso de “gatillo fácil”. No es la primera vez que dentro de la Ciudad de Buenos Aires se da un caso de estas características: todavía se recuerda con claridad lo sucedido en la Masacre de Pompeya donde también un grupo de policías arremetió contra un hombre al que había considerado como un ladrón.

De acuerdo a organismos de derechos humanos, solo en 2020, 25 personas fallecieron en hechos violentos donde participaron integrantes de la Policía de la Ciudad. De acuerdo a la base de datos que maneja el CELS, ocho personas murieron en estas circunstancias. Los números no son claros porque la Policía de la Ciudad -en los cinco años que tiene de antigüedad- nunca armó el registro de casos ni presentó los que exige la ley 5688 que regula el sistema integral de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la reglamentación, los policías de la Ciudad solo pueden “hacer uso de la fuerza directa” si se identificaron y dieron una advertencia, tal como está explicado en el artículo 97. Habla también de la importancia de la gradualidad y la proporcionalidad, algo que tampoco se ha evidenciado en este caso. ¿Es proporcional disparar contra adolescentes que se movían en auto y que no habían realizado ningún tipo de acto violento?

La violencia policial no es jurisdicción únicamente de la policía que actúa dentro de los límites de la General Paz. La composición de la Policía de la Ciudad es variada: ex integrantes de la Federal, muchos de la Metropolitana, algunos de la Bonaerense. Esta última es quién tiene los registros (también de acuerdo a organizaciones civiles) más altos de violencia en su accionar.

El 15 de julio de 2017, cerca de las siete y media de la mañana en la Avenida Vélez Sarsfield y Australia y mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde, Cristian Toledo discutió con Adrián Otero, oficial de Bomberos de la Policía de la Ciudad. Una pelea vial llevó a que “Paraguita” se bajara del auto que compartía con dos amigos y golpeara el vehículo del policía con un pedazo de baldosa que encontró en el suelo. Sus dos compañeros lo llamaron y volvió a su vehículo.

Cuando el semáforo se puso en verde, Otero comenzó con una persecución. Cuando llegaron a la esquina de Alvarado, se puso al lado con su auto, bajó la ventanilla y a muy corta distancia les disparó con su arma reglamentaria. Uno de esos tiros fue el que hirió a Cristian en el pecho y le ocasionó la muerte. El policía redujo después a los otros dos chicos y elaboró una coartada, que finalmente no le sirvió de nada. Otero fue condenado a prisión perpetua y se convirtió en el primer integrante de la Policía de la Ciudad en tener esa pena.

El caso de Lucas González tiene algunas similitudes con lo que pasó esa mañana de 2017. La brutalidad policial se mezcla con la impunidad. Los amigos del futbolista juvenil de Barracas Central contaron a los medios de comunicación un modus operandi que se repite desde las épocas donde la Federal tenía el control de la Ciudad de Buenos Aires: brigadas “de civil” que se manejan de esa forma para “controlar” y captar supuestamente situaciones delictivas.

“No podrán emplearse armas de fuego contra personas que según su apariencia sean menores de dieciocho años, salvo cuando se trate del único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida”, dice otro de los artículos de la ley que regula la actuación de la Policía de la Ciudad. Lucas tenía 17 y no había en su actuación ningún delito ni presunción de peligro grave. 

Más allá del proceso penal, que tendrá sus complejidades y que deberá atravesar instancias de peritajes, testimonios y chicanas defensistas, cuando se habla de violencia institucional y brutalidad policial, vale profundizar en los discursos políticos que convalidan este tipo de accionar. Las fuerzas policiales no están para ejecutar personas ni para “meter bala” a cualquier costo.