En el inicio de las vacaciones de invierno, se conoció un fallo judicial en Formosa que pone en tela de juicio las restricciones impuestas por el Gobernador Gildo Insfrán. En especial, el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del "Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa" por considerar que el cobro de $5.000 por la realización del test PCR como recaudo obligatorio para ingresar al territorio provincial, afecta irrazonablemente los derechos a la libre circulación y a la igualdad.

La decisión se tomó luego de la presentación de un hábeas corpus colectivo, entre los que figuraba el senador radical Luis Naidenoff. Los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci señalaron que si bien no pueden desconocerse las facultades de la provincia para establecer medidas de prevención adecuadas en el contexto de emergencia sanitaria, esas potestades deben ejercerse razonablemente y respetando los estándares constitucionales.

Además, consideraron que la implementación del arancel no estuvo precedida de una adecuada fundamentación que explique el motivo por el cual se modificó el esquema antes vigente -en el que no se exigía suma alguna-, ni el criterio por el que se fijó el importe previsto para cada prueba, que supedita el ejercicio de derechos fundamentales a una determinada capacidad económica de los ciudadanos.

Finalmente, hicieron mención a "la reiterada falta de políticas realistas y razonables tendientes a preservar la Salud Pública según criterios de proporcionalidad" por parte de la provincia y ordenaron el cese inmediato del cobro del arancel.